Santo Domingo.–El abogado Valentín Medrano aseguró que es “falso de toda falsedad” que al fiscal Aurelio Valdez Alcántara le ocuparan dinero durante su arresto, luego de que el Ministerio Público lo acusara supuestamente de recibir US$10 mil del exgerente de Atención al Usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Roberto Canaán.
“Ese dinero ellos dicen que se lo entregan a Aurelio frente a Almacenes Unidos, en La Sarasota. Ahí lo arrestan, revisan el vehículo y no encuentran nada. No encuentran nada. Todo eso es una mentira”, afirmó Medrano durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo.
El jurista sostuvo que el proceso constituye una “campaña mediática” financiada con recursos públicos para desacreditar el caso Senasa y afectar a personas vinculadas al Gobierno.
Según explicó, tras el arresto no existía “causa probable” para mantener detenido al fiscal, debido a que no se hallaron evidencias materiales en su contra. “Tú no encontraste nada, ya tú tienes que dejarlo ir”, expresó.
“Lo ocurrido es peligrosísimo para el sistema de justicia”
Medrano calificó el caso como “sumamente peligroso” para las garantías constitucionales y el sistema de justicia dominicano, asegurando que la prisión preventiva impuesta al fiscal envía un mensaje de inseguridad jurídica a toda la población.
“Si un fiscal de la República Dominicana por un presunto soborno de 10 mil dólares no tiene arraigo, entonces aquí nadie tiene arraigo”, manifestó.
Indicó que la decisión judicial “desmonta las garantías” procesales y advirtió que, de mantenerse ese criterio, “los 48 mil kilómetros cuadrados de República Dominicana se convertirían en una gran cárcel para todos”.
El abogado argumentó que el delito de soborno atribuido a Valdez Alcántara tiene una pena máxima de un año y consideró injustificado que se le agregara el cargo de lavado de activos. Explicó que, según la Ley 155-17, el lavado implica dar apariencia legal a dinero proveniente de una actividad ilícita previa, algo que según dijo no se configura en este caso, alegando que el Ministerio Público la incorporó únicamente para “agravar artificialmente” el caso.
Acusa al Ministerio Público de cometer abusos procesales
También afirmó que el Ministerio Público actuó fuera de los procedimientos legales al realizar una supuesta “entrega vigilada” con un civil y no con un agente autorizado, lo que a su entender viola varios artículos del Código Procesal Penal y de la Ley de Lavado de Activos.
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También afirmó que el allanamiento realizado contra Aurelio Valdez Alcántara presentaba irregularidades, alegando que la orden correspondía a un apartamento distinto al intervenido por las autoridades.
Medrano insistió en que el expediente responde a un “entrampamiento” y calificó las actuaciones del Ministerio Público como “un abuso abominable”.
Vincula caso Senasa con Roberto Canaán
Durante la entrevista, el jurista también arremetió contra Roberto Canaán, a quien calificó de “mentiroso consuetudinario”, asegurando que primero negó públicamente irregularidades en Senasa y posteriormente colaboró con el Ministerio Público.
Medrano aseguró que Roberto Canaán “fue quien puso a mentir al presidente”, alegando que ambos mantienen vínculos cercanos. Según afirmó, Canaán primero negó públicamente irregularidades en Senasa y posteriormente llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, el cual a su juicio se produjo debido a las relaciones que éste tendría con “altas esferas del poder”.
Asimismo, aseguró que Canaán admitió haber entregado RD$25 millones para la campaña reeleccionista del presidente Luis Abinader, cuestionando que dicha admisión no haya generado consecuencias judiciales.
“El tema es enrarecer el caso Senasa”, expresó Medrano, quien aseguró que tanto Canaán como el fiscal Aurelio Valdez fueron utilizados como “chivos expiatorios” dentro del proceso.
Finalmente, el jurista aseguró que detrás del proceso judicial existe una intención de “enrarecer” el caso Senasa, al considerar que se trata de uno de los expedientes de mayor relevancia vinculados a personas cercanas al actual gobierno. Medrano sostuvo que las acciones emprendidas forman parte de una estrategia para desviar la atención pública y manipular la percepción colectiva en torno a las investigaciones.
