SANTO DOMINGO.- El presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, Juan Valdez, aseguró que la directora del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM), Clara Joa, enfrenta un sometimiento penal por presuntamente negarse a entregar información vinculada a contrataciones realizadas por esa institución.
Durante su participación en el programa Matutino Su Mundo, Valdez afirmó que la funcionaria ha sido cuestionada por supuestas violaciones a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y por la falta de transparencia en distintos procesos administrativos, al asegurar que existen contratos y documentos que, según dijo, no han sido suministrados pese a solicitudes formales.
Valdez sostuvo que el INAFOCAM ha desarrollado programas de formación docente sin diagnósticos previos y denunció presuntas irregularidades en contrataciones relacionadas con cursos virtuales y evaluaciones de desempeño docente.
“Se inventaron un diplomado por internet de cinco módulos iguales para todo el mundo, sin ningún diagnóstico, y fuerzan a todo el que entra a hacerlo violando el sistema de carrera docente”, aseveró.
El activista cuestionó específicamente el Programa Nacional de Inducción dirigido a maestros, afirmando que el costo por participante pasó de RD$15 mil en 2022 a RD$45 mil en la actualidad.
“El curso es online. ¿Qué costo puede justificar un aumento de un 300 % en un programa virtual?”, manifestó Valdez, quien aseguró que al ser especialista en sistemas de computación y formación tecnológica, entiende que ningún costo justifica el incremento.
Indicó además que el programa representó una inversión cercana a RD$187 millones el año pasado y que para este año estaría presupuestado en más de RD$280 millones.
Asimismo, denunció que esas contrataciones se habrían realizado durante tres años sin procesos de licitación y aseguró poseer una resolución reciente de la Dirección General de Contrataciones Públicas que califica como ilegales dichas contrataciones.
“Yo tengo una resolución aquí ahora de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas de hace un mes, que me dice que todas esas contrataciones eran ilegales”, informó.
El activista anunció que solicitará la anulación de esos contratos y pidió al director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, iniciar su cancelación, alegando que varios de los acuerdos permanecen vigentes hasta el año 2027.
Asimismo, criticó el proceso de evaluación de desempeño docente impulsado por el Ministerio de Educación, alegando falta de rigor científico y transparencia en las contrataciones vinculadas al proceso.
