martes, junio 2, 2026

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Defensor del Pueblo impulsa diálogo sobre adicciones y Salud Mental

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Santo Domingo. – El Defensor del Pueblo realizó el simposio “Adicción y Estado: salud mental, comunidad y respuesta pública en la República Dominicana”, con el propósito de abrir un espacio nacional de reflexión, articulación y construcción de propuestas frente a los desafíos que representan las adicciones y la salud mental en el país.

La actividad reunió a especialistas, representantes de instituciones públicas, organizaciones comunitarias, académicos y actores sociales, quienes analizaron la problemática desde una perspectiva integral, centrada en los derechos humanos, la salud pública, la reinserción social y la responsabilidad del Estado.

Durante el simposio se desarrollaron paneles y conversatorios con la participación de representantes del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, el Consejo Nacional de Drogas, así como expertos nacionales e internacionales vinculados al sistema judicial, la salud mental y el trabajo comunitario.

Entre los participantes figuraron María del Carmen Berrios Flores, exjueza del Tribunal de Primera Instancia de Ponce y miembro del Consejo Asesor de Ex Jueces del Poder Judicial de Puerto Rico, y Kenya Romero, jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, quienes abordaron el tema de la reinserción social de personas con adicción a sustancias.

Al encabezar el encuentro, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, afirmó que el foro permitió analizar la problemática desde distintos sectores de la sociedad, con el objetivo de impulsar una respuesta pública basada en los derechos humanos, la evidencia, la regulación institucional y el bien común.

Ulloa recordó que, mediante el estudio “Mentes sanas y políticas enfermas”, el Defensor del Pueblo ya había advertido sobre el grave déficit de cobertura en materia de salud mental en República Dominicana. En ese sentido, reiteró la necesidad de fortalecer los servicios en todos los niveles de atención bajo un modelo integral de salud mental comunitaria.

“De este encuentro deben salir compromisos concretos: una mesa nacional de seguimiento sobre salud mental, adicciones y derechos fundamentales; una ruta de inspección, habilitación y supervisión sanitaria para centros y programas; protocolos mínimos con enfoque de derechos humanos, salud pública, consentimiento informado y prohibición de tratos crueles, degradantes o humillantes”, expresó Ulloa.

El Defensor del Pueblo también planteó la creación de una ruta de orientación desde la institución y la remisión a las autoridades competentes de cualquier información relacionada con posible privación ilegal de libertad, violencia, maltrato, hacinamiento, explotación, exposición indebida de la imagen o prestación irregular de servicios de salud.

Asimismo, Ulloa advirtió que la Constitución dominicana debe ser el punto de partida en esta discusión, al señalar que los casos vinculados a adicciones, internamientos, centros de rehabilitación, denuncias de maltrato, abandono institucional o falta de respuesta pública constituyen un problema constitucional de primer orden.

El funcionario resaltó además la importancia de visibilizar experiencias comunitarias y territoriales de prevención, acompañamiento y rehabilitación, con el fin de identificar buenas prácticas, desafíos y oportunidades de articulación con el sistema público.

De su lado, el presidente del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro de Jesús Abreu, durante su ponencia titulada “La responsabilidad del Estado frente a las adicciones y la salud mental y el papel de la comunidad”, destacó los esfuerzos que se realizan desde el Gobierno para fortalecer una política de salud mental en beneficio de la sociedad dominicana.

“Tenemos que trabajar en la familia, en la escuela y en la comunidad para reconstruir el tejido de la convivencia cotidiana”, expresó Abreu.

El encuentro permitió el intercambio de experiencias, diagnósticos y propuestas orientadas a fortalecer las políticas públicas y los servicios de atención, con miras a construir una agenda nacional más inclusiva, humana y efectiva frente a las adicciones y la salud mental.

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