SANTO DOMINGO.- La Junta Central Electoral (JCE) defendió ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) la legalidad de su reglamento que restringe la publicación de encuestas electorales antes del inicio oficial del período de precampaña, al considerar que la medida busca preservar la equidad en la competencia política.
La posición del órgano electoral fue presentada durante una audiencia relacionada con un recurso interpuesto por la organización Justicia Sin Fronteras, entidad que cuestiona la validez de la disposición por entender que limita derechos vinculados a la difusión de estudios de opinión pública.
En representación de la JCE, la consultora jurídica Nikauris Báez sostuvo que la normativa responde al interés de garantizar procesos electorales transparentes y evitar que determinados aspirantes obtengan ventajas en la percepción ciudadana antes de los plazos establecidos por la ley.
La funcionaria argumentó que las encuestas divulgadas fuera del calendario electoral podrían influir en el electorado y contribuir al posicionamiento anticipado de candidaturas, afectando las condiciones de igualdad entre los actores políticos.
Asimismo, explicó que la regulación cuenta con fundamentos jurídicos respaldados por criterios previamente reconocidos dentro de la jurisdicción electoral, orientados a proteger la integridad de los procesos democráticos y el equilibrio de la competencia partidaria.
Durante el conocimiento del caso, la JCE insistió en que las restricciones buscan garantizar un ambiente de orden y respeto a los tiempos electorales, evitando actividades proselitistas fuera de los períodos autorizados por la legislación vigente.
Por su parte, Justicia Sin Fronteras mantiene que el reglamento excede las facultades de la institución electoral y ha solicitado al tribunal revisar la legalidad de la medida mediante un recurso contencioso electoral.
El caso coloca nuevamente en debate los límites de la regulación electoral y el alcance de las atribuciones de la JCE, mientras el Tribunal Superior Electoral evalúa una decisión que podría sentar un precedente sobre la publicación de encuestas y la actividad política anticipada en la República Dominicana.
