Santo Domingo Norte.– El bloque de transportistas y organizaciones sociales de Santo Domingo Norte calificó este martes como una “reforma fiscal disfrazada” el proyecto de ley sometido por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional denominado “Medidas de Procedimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional”.
Durante una manifestación pacífica, representantes del sector transporte y dirigentes comunitarios expresaron su rechazo a la iniciativa gubernamental, al considerar que las medidas planteadas terminarán afectando principalmente a los sectores más vulnerables de la población.
Los manifestantes afirmaron que el constante aumento de los productos de la canasta básica durante el último año ha generado un fuerte impacto en la economía de miles de familias dominicanas, dificultando cada vez más el acceso a bienes y servicios esenciales.
Rubén Darío, uno de los voceros de los transportistas, sostuvo que el Gobierno busca recaudar más recursos mediante medidas que, según dijo, representan una carga adicional para la ciudadanía.
“Es una reforma fiscal para hundir más a este pueblo. Ya no se aguanta más. Los choferes, las amas de casa, las enfermeras, los maestros y los trabajadores no aguantamos más cargas económicas”, expresó el dirigente.
Asimismo, señaló que el alto costo de los combustibles, el incremento sostenido de los alimentos y la eliminación de beneficios sociales como el Bonogás continúan deteriorando la calidad de vida de miles de hogares en todo el país.
Rechazan denominada “ley mordaza”
Durante la actividad, los transportistas y organizaciones populares también manifestaron su rechazo a la denominada “ley mordaza”, al tiempo que exigieron el cumplimiento de compromisos pendientes con los transportistas que operan en el corredor de la avenida Máximo Gómez.
Los representantes de ambos sectores advirtieron que mantendrán las jornadas de protesta hasta recibir respuestas concretas por parte de las autoridades y llamaron a la unidad de los diferentes sectores sociales para defender los derechos de la población frente al aumento del costo de la vida y de los combustibles.
Los manifestantes insistieron en que las medidas económicas propuestas deben ser discutidas ampliamente con los sectores productivos y sociales antes de su aprobación en el Congreso Nacional.
