Santo Domingo. – El secretario de Salud del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), doctor Rafael González, advirtió que la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal en agosto podría generar cambios significativos en el ejercicio de la medicina en República Dominicana, al endurecer el marco de responsabilidad penal para los profesionales de la salud.
Durante su participación en el programa “3 Vozzes”, González señaló que las nuevas disposiciones podrían exponer a los médicos a sanciones penales que van desde tres meses hasta diez años de prisión, además de posibles demandas civiles sin un sistema de seguro especializado que proteja el ejercicio profesional.
El especialista sostuvo que la ausencia de un modelo formal de responsabilidad civil médica, como existe en otros sistemas de salud, incrementa la vulnerabilidad de los galenos frente a reclamaciones económicas de alto impacto que podrían comprometer su patrimonio personal.
En ese contexto, advirtió que el nuevo marco legal podría generar efectos en la prestación de servicios sanitarios, entre ellos la reducción de médicos dispuestos a atender casos de alta complejidad, la salida progresiva de especialistas con experiencia y un posible aumento en los costos de atención debido al mayor riesgo jurídico.
González citó como ejemplo procedimientos quirúrgicos de alta complejidad, como intervenciones esofágicas, donde aun con avances tecnológicos persisten riesgos clínicos relevantes. Indicó que condiciones como la acalasia pueden requerir cirugías especializadas, sin que ello garantice una recuperación plena, lo que según afirmó podría ser objeto de interpretación penal bajo el nuevo esquema.
El médico informó que sectores vinculados al área de salud y legisladores del Partido de la Liberación Dominicana trabajan en una propuesta de revisión de los artículos relacionados con la responsabilidad penal médica, con el objetivo de introducir ajustes técnicos al texto legal.
Asimismo, cuestionó la falta de una posición institucional del Colegio Médico Dominicano frente al tema y llamó a establecer un consenso nacional que involucre a los actores del sistema sanitario.
González advirtió que, sin correcciones al marco normativo, el sistema podría enfrentar tres impactos principales: menor disponibilidad de especialistas, reducción en la cobertura de procedimientos complejos y aumento del costo de los servicios de salud, con efectos directos sobre el acceso de la población.
