La República Dominicana tiene todo el derecho del mundo —y más aún, el deber constitucional— de hacer cumplir sus leyes migratorias.
Ningún país soberano puede permitir que sus fronteras sean desbordadas de manera desordenada e ilegal, y el nuestro no es la excepción.
En ese sentido, este medio apoya firmemente al gobierno dominicano en su obligación de ordenar el flujo migratorio y aplicar la Ley de Inmigración con toda la firmeza que la situación exige.
Pero —y este “pero” es enorme— una cosa es aplicar la ley, y otra muy distinta es convertir esa aplicación en un espectáculo de brutalidad que nos avergüenza como Nación ante el mundo.
Lo que hemos visto en las calles de nuestras ciudades, en los campos, en los barrios, es inaceptable.
Agentes de la Policía Nacional y de Migración persiguiendo seres humanos como si fueran animales.
Hombres, mujeres —y a veces niños— corriendo despavoridos, siendo golpeados, humillados, tratados con una crueldad que no tiene justificación ni legal ni moral ni cristiana.
Eso no es cumplir la ley. Eso es violarla. Porque la ley también protege la dignidad humana, sin importar la nacionalidad de quien la porta.
Los agentes que actúan de esa manera no están capacitados para realizar ese trabajo migratorio, y eso, señores, es responsabilidad directa del Estado dominicano.
Pero hay otra verdad que hay que decirla con la misma fuerza, y es una verdad incómoda para muchos bolsillos poderosos de este país:
¿Por qué hay tantos ciudadanos haitianos ilegales en República Dominicana?
Porque hay constructores dominicanos que los contratan.
Porque hay propietarios de torres de apartamentos de lujo en Santo Domingo que los contratan.
Porque los grandes hoteles de Bávaro y Punta Cana los contratan.
Porque los agricultores los contratan. Y todos ellos lo hacen sabiendo perfectamente que están violando la Ley del 80-20, que obliga a que al menos el ochenta por ciento de la mano de obra de cualquier empresa sea dominicana.
Y todos se burlan de la ley a cara descubierta. Y lo hacen porque saben que a ellos no les pasa absolutamente nada.
No hay multas, no hay cierres, no hay consecuencias.
El Estado Dominicano persigue al haitiano que viene de manera ilegal a trabajar al país por necesidad, pero no toca ni con los pétalos de una rosa al empresario dominicano que lo contrata, sabiendo muy bien que ese ciudadano haitiano está fuera aquí fuera de la ley. Y eso se llama hipocresía institucional, lo que es tan grave como la inmimigración ilegal.
Por todo esto, desde Multimedios Su Mundo: SuMundoTV, SuMundo FM y SuMundoDigital hacemos un llamado directo y sin rodeos:
Primero: Que se capacite de manera urgente y seria a todos los agentes de Migración y de la Policía Nacional que realizan operativos migratorios. Que se les enseñe que su uniforme los obliga a actuar con profesionalismo y respeto a la dignidad humana.
El que no esté en capacidad de hacerlo, que no esté en ese puesto.
Segundo: Le decimos al señor Presidente de la República, Luis Abinader, que es su deber nombrar al frente de la Dirección General de Migración a una persona con la formación, la capacidad técnica y la autoridad moral para manejar este tema con la seriedad que merece.
El cargo no puede seguir siendo una cuota política.
Es una responsabilidad de Estado.
Y tercero: Que la ley se aplique de manera pareja.
Si se persigue al inmigrante ilegal, que se persiga – y se sancione también con igual energía— al empresario dominicano que lo contrata ilegalmente.
Sin esa ecuanimidad, no hay política migratoria.
Hay solo persecución selectiva.
La aplicación de la ley sí. Pero respeto a la La dignidad humana, también.
Las dos cosas deben de ir juntas.
Eso es lo que le pedimos a este gobierno.
Eso es lo que le necesita la República.
Este ha sido nuestro editorial de hoy, porque informar con valentía es nuestro compromiso, y a eso no renunciaremos jamás.
