Ciudad de Panamá.– La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este martes una declaración en la que condena las violaciones y abusos contra los derechos humanos en Nicaragua, al señalar que algunos casos podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
La declaración fue aprobada durante la primera sesión plenaria de la Asamblea General que se celebra en Panamá. En el documento, el organismo regional expresó su preocupación por las violaciones “generalizadas y sistemáticas” de los derechos humanos documentadas por mecanismos internacionales.
La OEA también manifestó preocupación por el debilitamiento del orden democrático y de las instituciones en Nicaragua, así como por la eliminación de la separación de poderes.
El organismo llamó la atención sobre el uso de la detención arbitraria, la desaparición forzada y la tortura, al tiempo que pidió la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas de manera arbitraria o injusta.
La declaración también hizo referencia a la reciente muerte bajo custodia estatal del líder indígena Brooklyn Rivera, pese a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, la OEA subrayó la importancia de garantizar verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
El organismo instó a las autoridades nicaragüenses a respetar la libertad de expresión, de religión y de creencias, así como a cesar las medidas dirigidas a despojar o negar la ciudadanía a sus nacionales. También pidió garantizar el retorno seguro de los nicaragüenses que se encuentran en el extranjero o en el exilio, sin temor a represalias.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, la cual se profundizó tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.
Esos comicios se realizaron con sus principales contendientes en prisión, quienes posteriormente fueron expulsados del país, privados de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras ser acusados de “golpistas” y “traición a la patria”.
La declaración de la OEA pidió al Estado de Nicaragua garantizar una participación política amplia y efectiva, estableciendo las bases para futuros procesos electorales conforme a las normas interamericanas.
En noviembre de 2021, días después de la reelección de Ortega, el Gobierno nicaragüense notificó su decisión de denunciar la Carta de la OEA, lo que inició el proceso de retiro definitivo del país de la organización.
Pese a la condena, la declaración dejó abierta la puerta al diálogo al llamar a Nicaragua a regresar a la OEA, reiterando la disposición de los Estados miembros a facilitar ese proceso.
