SANTIAGO.– El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra tres imputados vinculados al caso Onco14, una investigación sobre una presunta estructura fraudulenta que habría afectado al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y al Instituto Oncológico Regional del Cibao.
La solicitud fue presentada contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; su actual esposa, Luisa Yasiris Guzmán, y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez.
Además de la prisión preventiva, el órgano persecutor pidió que el expediente sea declarado de tramitación compleja, debido a la cantidad de imputados, la gravedad de los hechos investigados y las posibles penas que podrían imponerse en un juicio de fondo.
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La medida de coerción fue presentada por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, ante la jueza Estefani Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago.
En la audiencia participaron, en representación del Ministerio Público, el procurador adjunto Wilson Camacho, director de Persecución; Mirna Ortiz, titular del Pepca; la procuradora de corte Quirsa Abreu, fiscal de Santiago, así como otros representantes de la Dirección General de Persecución y de Casos Complejos.
La audiencia había sido aplazada el pasado viernes a solicitud de los abogados de la defensa. Este martes, luego de iniciar alrededor de las 6:00 de la tarde, la magistrada suspendió el conocimiento de la medida pasadas las 9:00 de la noche y fijó su continuación para el jueves 25 de junio, a las 4:00 de la tarde.
De acuerdo con la investigación, los imputados habrían utilizado distintas maniobras para sustraer fondos millonarios del Seguro Nacional de Salud, mediante mecanismos como doble facturación, cambios de indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsos, entrega incompleta de medicamentos y cobros por servicios no ofrecidos a pacientes.
El expediente también incluye señalamientos por presunta venta de medicamentos donados, contrabando con exoneraciones fiscales, uso irregular de áreas del oncológico, gastos de representación indebidos, reembolsos fraudulentos, sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos. Los procesados enfrentan cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
