Santo Domingo.- El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, y esa institución fueron demandados ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) por el presunto incumplimiento de dos sentencias definitivas que ordenan el pago de beneficios laborales a favor de dos servidoras públicas de carrera.
Las decisiones judiciales favorecen a Aracelis del Carmen Castillo Rodríguez y Joanne Carlos de la Altagracia Molina Romero, quienes reclaman el pago de incentivos de rendimiento individual, incentivos colectivos SISMAP, bonos de carrera administrativa, reajustes salariales y vacaciones acumuladas.
De acuerdo con la representación legal de las demandantes, ambos fallos adquirieron carácter definitivo luego de agotarse los recursos correspondientes, por lo que, según afirma, deben ser ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
La acción fue interpuesta por el abogado Oliver Batia, director del Centro Jurídico Batia Ramos, quien aseguró que el MOPC fue formalmente notificado de las sentencias emitidas por el TSA, así como de los mandamientos de pago.
“Hemos intentado por todos los medios que el MOPC responda a lo que han establecido estas sentencias, pero llegaremos hasta las últimas consecuencias para reivindicar el derecho de estas laboriosas personas”, expresó Batia.
En el caso de Aracelis del Carmen Castillo Rodríguez, la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo ordenó al Ministerio pagar RD$731,380.39 por incentivos de rendimiento individual, incentivos colectivos SISMAP, bonos de carrera administrativa y 60 días de vacaciones acumuladas, conforme a la Ley 41-08 de Función Pública.
Esa sentencia también estableció una multa coercitiva de RD$5,000 por cada día de retraso en el cumplimiento de la decisión, una vez vencidos los plazos legales y realizada la notificación correspondiente. Según la parte demandante, dicha penalidad comenzó a correr el 1 de diciembre de 2025 y habría acumulado RD$1,025,000 hasta el 23 de junio de 2026.
En otro expediente, la Quinta Sala del TSA acogió parcialmente la demanda de Joanne Carlos de la Altagracia Molina Romero y ordenó al Ministerio revisar el reajuste salarial reclamado, además de pagar RD$346,362.19 por concepto de incentivos de rendimiento individual, incentivos colectivos SISMAP, bonos de carrera administrativa y vacaciones acumuladas.
Batia explicó que las dos sentencias fueron declaradas definitivas luego de que la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia certificara que no existían recursos de casación pendientes y tras agotarse las vías ordinarias de impugnación. En conjunto, el monto ordenado por el TSA asciende a RD$1,077,742.58, sin incluir la multa coercitiva establecida en uno de los casos.
De manera paralela, el TSA fijó para el próximo 28 de julio una audiencia para conocer una nueva demanda en responsabilidad patrimonial presentada por Castillo Rodríguez contra el Ministerio de Obras Públicas y su actual titular. Hasta el momento, el MOPC no se ha referido públicamente a las acciones judiciales ni a los señalamientos formulados por la parte demandante.
