Santo Domingo.– El senador Félix Bautista planteó que las sanciones por difamación e injuria contempladas en el Código Penal no deben implicar penas de prisión, sino consecuencias económicas, al considerar que la libertad de expresión es un derecho fundamental que debe ser protegido en una sociedad democrática.
Durante una intervención en el Senado de la República, Bautista sostuvo que, aunque el derecho a la intimidad, al honor, al buen nombre y a la propia imagen también son garantías fundamentales, cualquier conflicto entre esos derechos y la libertad de expresión debe ser evaluado con criterios de ponderación.
El legislador inició su exposición destacando que la libertad es un concepto universal e inherente a todas las personas. Recordó que los pueblos han luchado históricamente por alcanzar su independencia y citó el caso de República Dominicana, donde los padres fundadores encabezaron un proceso de lucha que culminó con la creación de la nación dominicana.
Bautista señaló que el escudo nacional recoge tres palabras esenciales: “Dios, Patria y Libertad”, las cuales, a su juicio, reflejan la importancia que tiene este principio en la identidad nacional.
Asimismo, indicó que la Constitución dominicana reconoce en varios artículos distintos aspectos vinculados a la libertad, entre ellos la seguridad personal, el libre desarrollo de la personalidad, la reunión, la asociación, el tránsito, la libertad de expresión y la protección del honor y la intimidad.
Libertad de expresión y derecho al honor
El senador explicó que tanto la libertad de expresión como el derecho al honor son derechos humanos fundamentales y que, cuando ambos entran en conflicto, corresponde a los jueces hacer un ejercicio de ponderación.
En ese sentido, citó el criterio jurídico según el cual, cuando una información es veraz, está sustentada en pruebas y se refiere a funcionarios públicos, debe prevalecer el derecho a la información.
Sin embargo, afirmó que cuando no se cumplen esas condiciones, entonces debe protegerse el derecho al honor, la intimidad, el buen nombre y la imagen de las personas afectadas.
Bautista también recordó declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, durante la celebración del 250 aniversario de la independencia estadounidense.
Según citó el legislador, la diplomática definió la libertad de expresión como “el oxígeno de la democracia” y como la vía mediante la cual un pueblo libre delibera, discrepa, corrige el rumbo y exige responsabilidad al poder.
El senador utilizó esa referencia para reforzar su planteamiento de que las sanciones penales vinculadas a la expresión del pensamiento deben ser revisadas con cuidado.
Bautista afirmó que, en los casos de difamación contra funcionarios públicos o ciudadanos, las sanciones no deberían ser privativas de libertad.
A su entender, el Código Penal debe avanzar hacia un modelo en el que ese tipo de infracciones sean castigadas con sanciones económicas, no con cárcel.
“En lugar de que las sanciones sean punitivas, es decir, cárcel, que sean sanciones económicas”, expresó el senador durante su intervención, asegurando que existen precedentes internacionales que pueden servir de referencia para el país.
Mencionó los casos de Argentina y Panamá, donde, según explicó, se establecen sanciones económicas para este tipo de infracciones. También citó a Perú, donde se contemplan sanciones económicas y trabajo social.
Bautista incluso señaló el caso de Nicaragua, país que calificó como una dictadura, y afirmó que allí las sanciones vinculadas a la expresión y difusión del pensamiento también son económicas.
El senador saludó la decisión de conformar una comisión bicameral para estudiar posibles modificaciones al Código Penal, tras los cuestionamientos surgidos en torno a varios artículos de la pieza legislativa.
Indicó que, al tratarse de observaciones puntuales, el trabajo podría realizarse en un plazo breve, siempre que ambas cámaras concentren sus esfuerzos en los artículos que han generado mayores preocupaciones, las modificaciones identificadas no superarían las 12 o 13, lo que representaría apenas un pequeño porcentaje del total del Código Penal.
Sugiere vistas públicas
El legislador sugirió que la comisión bicameral realice vistas públicas para escuchar a la ciudadanía, juristas, comunicadores y organizaciones sociales, con el objetivo de concentrar el debate en los puntos más sensibles del Código Penal.
Bautista afirmó que, si se trabaja con agilidad, las modificaciones podrían estar listas en una semana o en un plazo de ocho a nueve días, permitiendo su aprobación antes del 26 de julio, cuando concluye la legislatura, sin alterar la entrada en vigencia de la nueva normativa pautada para el 3 de agosto del año en curso.
