SANTO DOMINGO, RD.- El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, defendió este lunes la reforma del Código Penal y aseguró que la legislación representa un avance trascendental para el sistema de justicia dominicano, pese a los ajustes que impulsa el Poder Ejecutivo antes de su entrada en vigor, prevista para el próximo 3 de agosto.
Durante una entrevista, Peralta rechazó que la pieza pueda calificarse como el «Código Abinader» y recordó que su origen se remonta a finales de la década de 1990.
El funcionario explicó que el proyecto fue introducido durante la administración del expresidente Leonel Fernández, posteriormente aprobado y observado por el entonces presidente Danilo Medina debido al debate sobre las tres causales del aborto, y más adelante declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional debido a un vicio de procedimiento legislativo, no por el contenido de la norma.
«Decir que este es el Código Abinader es un error histórico», afirmó Peralta, al destacar que la iniciativa ha atravesado más de dos décadas de discusión en el Congreso Nacional antes de llegar a su fase definitiva.
El ministro relató que, cuando aún se desempeñaba como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, la Presidencia enfrentó la disyuntiva de observar la ley o promulgarla y aprovechar el año de vacatio legis para revisar los aspectos susceptibles de mejora.
Explicó que se optó por la segunda alternativa debido a que el nuevo código incorpora decenas de figuras delictivas modernas que no existen en la legislación vigente, heredada del siglo XIX.
Posteriormente, ese trabajo fue enriquecido con observaciones del Ministerio Público y de representantes de plataformas digitales, quienes fueron recibidos por el Ministerio de Justicia por disposición del presidente Luis Abinader.
El funcionario negó que el Gobierno haya actuado sin planificación frente al proceso, como planteó durante la entrevista el periodista Manuel Jiménez. A su juicio, no existió falta de previsión, aunque reconoció que pudo registrarse cierta lentitud en la revisión técnica.
Precisó que varias de las modificaciones propuestas responden a errores materiales, ajustes de redacción o armonización de escalas de penas, sin alterar la estructura esencial del Código Penal.
Uno de los puntos en los que Peralta hizo mayor énfasis fue el debate sobre la difamación contra funcionarios públicos. Aclaró que existe una interpretación equivocada sobre el alcance de una sentencia del Tribunal Constitucional.
«Las leyes son para eso; si después surge alguna disposición que deba mejorarse, también podrá reformarse», concluyó.
