El tribunal aplazó para el 5 de agosto, a las 9:00 de la mañana, la revisión obligatoria de las medidas de coerción, la decisión dio paso a posiciones distintas entre la defensa, el Ministerio Público y la parte querellante sobre el estado del proceso.
El vencimiento del plazo para que el Ministerio Público presente el requerimiento conclusivo en el caso SeNaSa 2.0 centró la atención durante la audiencia celebrada este jueves ante el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
La directora de Persecución del Ministerio Público, Mirna Ortiz, explicó que el aplazamiento respondió a una solicitud de algunas defensas para contar con más tiempo y preparar los presupuestos que serán debatidos durante la revisión de las medidas de coerción, petición que el tribunal acogió por tratarse de una cuestión de derecho. Asimismo, precisó que hasta el momento no existe ningún acuerdo con los imputados, aunque reiteró que el Ministerio Público mantiene una política favorable a las soluciones alternas cuando la ley lo permite.
Por su parte, el abogado de Santiago Hazim, Miguel Valerio, sostuvo que la defensa necesitaba mayores presupuestos para afrontar esa revisión y afirmó que espera que la investigación continúe avanzando antes de la próxima audiencia. Agregó que, aunque ha sido partidario de los acuerdos en otros procesos, en este caso no respalda esa posibilidad.
En tanto, el abogado querellante Miguel Surun expresó que, a su juicio, ya venció el plazo de ocho meses para que el Ministerio Público depositara el requerimiento conclusivo y las pruebas que sustentan el proceso. Añadió que espera que entre las evidencias figuren las comunicaciones y el historial del teléfono atribuido a Santiago Hazim, al considerar que podrían aportar información relevante para el esclarecimiento del caso.
