El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) órgano de gobierno de los jueces españoles comunica a las instituciones europeas “los graves episodios de ataque al Estado de derecho y la separación de poderes” en España tras el acuerdo entre el partido socialista (PSOE) y los independentistas catalanes de Junts.
En concreto, el CGPJ envió las declaraciones adoptadas el lunes y el jueves de esta semana a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; a su vicepresidenta, Vera Jourova; al comisario de Justicia, Didier Reynders; al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y a la Red Europea de Consejos de Justicia.
La carta denuncia “los graves episodios de ataque al Estado de derecho, a la separación de poderes y a la independencia judicial”
En la misiva remitida a la Red Europea, a la que tuvo acceso EFE, el Consejo General del Poder Judicial da cuenta de “los graves episodios de ataque al Estado de derecho, a la separación de poderes y a la independencia judicial que se están viviendo en España”.
Explica que “con el fin de obtener su apoyo para ser nombrado presidente del Gobierno de España, el actual presidente del Gobierno en funciones (Pedro Sánchez) ha pactado con un prófugo de la justicia su impunidad por diversos delitos, entre ellos delitos de corrupción”. El CGPJ se refiere a Carles Puigdemont, huido de la Justicia española desde 2017, el Parlamento catalán aprobó una declaración de independencia para Cataluña, y que ayer firmó en Bruselas, donde reside, el citado acuerdo con el número tres del PSOE, que incluye una amnistía para los implicados en el proceso independentista catalán desde 2012.
Asimismo, dice el CGPJ, “el pacto incluye la posibilidad de investigaciones contra jueces que serían llevadas a cabo por partidos políticos en el Parlamento, vulnerando el marco de protección de la independencia judicial establecido en las leyes”. El acuerdo del PSOE con Junts incluye que las conclusiones de las comisiones de investigación del Congreso se tendrán en cuenta en la aplicación de la amnistía en los casos que pudieran derivarse de “lawfare” o judicialización de la política.
El órgano de gobierno de los jueces acompaña la misiva con la declaración institucional contra la futura ley de amnistía que tacha de “medida de abolición del Estado de derecho”, que “violenta la Constitución” y convierte a la Justicia en “una quimera”. Esa declaración fue aprobada esta semana con los votos de la mayoría conservadora de este órgano, cuyos mandatos están caducados desde hace casi cinco años por la falta acuerdo entre PSOE y el conservador PP para su renovación.
Félix Bolaños defiende el pacto
Sin embargo, el ministro de la Presidencia español en funciones, Félix Bolaños, uno de los responsables de las negociaciones con los independentistas, afirmó hoy que “no es la intención en absoluto que una comisión de investigación pueda afectar a una decisión judicial” y señaló que el objetivo es hacer “conclusiones en paralelo a los procedimientos judiciales abiertos” a través de dos comisiones ya creadas en el Congreso, (la de la Operación Cataluña y Pegasus).
La primera se refiere al supuesto uso ilegal de medios públicos para perjudicar a rivales políticos con denuncias que se demostraron falsas y la segunda a una nueva comisión sobre el sistema de espionaje Pegasus, que afectó a líderes independentistas catalanes, entre otras personalidades en España. En opinión del Consejo General del Poder Judicial, dichos pactos “suponen la abolición del Estado de derecho en España y un ataque a la independencia judicial y a la división de poderes”.
