El Gobierno dominicano respondió un mes después del plazo que le otorgó el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para que presentara sus argumentaciones y refutara las denuncias del exprocurador general Jean Alain Rodríguez, quien sostuvo que era ilegal la prisión que se le impuso desde el principio del proceso judicial en su contra por corrupción.
Las autoridades dominicanas impugnaron las quejas ante el organismo internacional del exprocurador “el 3 de agosto de 2022”, cuando tenía para presentarla “a más tardar el 4 de julio de 2022”.
“Con el objeto de poder emitir una opinión sobre el caso descrito, el Grupo de Trabajo, de conformidad con sus métodos de trabajo, transmitió las alegaciones de la fuente (del denunciante) al Gobierno de la República Dominicana el 5 de mayo de 2022, y le solicitó que presentase una respuesta a más tardar el 4 de julio de 2022”, dice la decisión del grupo que calificó de “arbitraria” la prohibición de la libertad del funcionario.
Trabajo sobre la Detención Arbitraria Jean Alain
Por entender que los actores del sistema de justicia dominicano “violaron los derechos” de Jean Alain Rodríguez Sánchez, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria llamó al Gobierno dominicano a subsanar la situación y que “el remedio adecuado sería poner al Sr. Rodríguez Sánchez (Jean Alain) inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”.
Aunque la respuesta fue tardía, el equipo de trabajo cita algunos aspectos que recogen la posición expuesta, aunque de forma tardía, por el Estado dominicano.
Un ejemplo de que la impugnación del Gobierno dominicano se revisó es el párrafo 102 de su opinión, en la que dice que cuando el acusado Jean Alain Rodríguez alega que “las autoridades judiciales y la Procuraduría no valoraron las circunstancias específicas del caso para la determinación de la medida cautelar de la prisión preventiva” y que “tampoco la Procuraduría suministró argumentos razonables sobre el posible riesgo de fuga ni aportó prueba concreta que apoye la presunción de fuga.
El Gobierno, en su respuesta tardía, manifiesta que su legislación interna establece que la prisión preventiva en los casos complejos como este, en virtud de la pluralidad de hechos de imputados y por tratarse de crimen organizado en contra del patrimonio del Estado, es hasta de 18 meses”.
