A cinco años de que se efectuara el hallazgo del cuerpo del catedrático universitario Yuniol Ramirez, en un arroyo en Santo Domingo Oeste y que explotara una burbuja de supuesta corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se encaminará este próximo jueves 8 de septiembre a emitir su fallo en contra de los acusados en el caso, a partir de las dos de la tarde.
El Ministerio Público destacó que deben ser condenados todos los acusados por el asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras y por cometer actos de corrupción registrados en la OMSA durante la gestión de Manuel Rivas.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que el Ministerio Público cumplió la promesa hecha a la sociedad de llevar ante los tribunales a los imputados.
Sobre el imputado Argenis Contreras, a quien se le acusa de ser el principal culpable de la muerte de Ramírez, la coordinadora de Litigación de la Pepca dijo que “todos sabemos su historia, un imputado que a pocas horas de cometer el hecho compra un vuelo de manera express, sale huyendo de la justicia, pero jamás pensó que el brazo de la justicia llegaría hasta él”.
Apuntó que el imputado fue traído al país, sometido a la acción de la justicia y será condenado con la pena de 30 años que solicitó el Ministerio Público, al igual que todos los imputados en este proceso.
Solicitud
Para el acusado Argenis Contreras el Ministerio Público solicitó la pena máxima de 30 años de prisión.
También pidió 20 años de prisión para los imputados Manuel Rivas, Faustino Rosario, Víctor Ravelo Campos y José Antonio Mercado Blanco y cinco años para Jorge Luis Abreu, Heidy Carolina Peña y Lilian Francisca Suárez Jáquez.
El órgano acusador, además, solicitó la imposición de multas y el decomiso de los bienes obtenidos por los imputados fruto de su actividad delictiva.
De acuerdo con los planteamiento del Ministerio Público, el asesinato, cometido en octubre de 2017, está vinculado con los actos de corrupción administrativa ocurridos en la entidad gubernamental de transporte que era dirigida por Rivas desde agosto de 2012.
Ramírez Ferreras, quien presidía la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), fue hallado muerto con un block de concreto atado a su cuello mediante una cadena, en un arroyo de Hato Nuevo, en Santo Domingo Oeste.
Luego del hecho, Argenis Contreras huyó hacia Estados Unidos, en donde fue capturado y tres años después entregado al país tras los esfuerzos de la actual gestión del Ministerio Público.
