Santo Domingo.– El secretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo, Raúl Martínez, denunció este jueves que el presidente Luis Abinader ha emitido 318 decretos otorgando pensiones especiales sin ninguna justificación legal, lo que representa, a su juicio, un uso político y arbitrario de los recursos públicos.
“El presidente Abinader ha emitido 318 decretos que conceden pensiones especiales que no encuentran ninguna justificación legal, ninguna cobertura normativa”, advirtió.
Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, Martínez que el otorgamiento masivo de pensiones sin explicación compromete un gasto de más de 3,925 millones de pesos anuales, destinados a 11,007 beneficiarios entre los años 2021 y 2024, lo que supera el presupuesto asignado a varios ministerios, incluyendo Trabajo y Administración Pública.
“El artículo 10 de la Ley 379-81 establece que cualquier pensión no prevista debe ser aprobada por el Congreso Nacional. En estos casos no hay informes médicos, ni se explican años de servicio ni edad, ni hay decreto alguno que justifique esas pensiones”, expresó.
Además explicó que estas pensiones no tienen cobertura normativa ni se sustentan en la Ley 379-81, que regula el régimen de jubilaciones y pensiones de los servidores públicos.
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“Solo pueden concederse de acuerdo con leyes específicas que lo autoricen, como es el caso de la Ley que beneficia a atletas de alto rendimiento. Pero en estos decretos no se establece si las personas beneficiadas cumplen con los requisitos legales”, señaló.
Agregó que, en algunos decretos, se hace referencia a cartas de senadores o alcaldes del oficialismo solicitando las pensiones, lo que evidencia un posible uso político-electoral del sistema de pensiones especiales.
“Este Gobierno está utilizando las pensiones como un arma política. Hay listados de beneficiarios enviados desde estructuras del PRM en distintas provincias”, aseguró.
Martínez afirmó que las pensiones ilegales podrían ser anuladas por los tribunales. “El fraude no puede generar derechos. Si se demuestra que no cumplen con la ley, deben ser eliminadas”.
Finalmente, llamó a contrastar el gasto de las pensiones irregulares con partidas destinadas a áreas sensibles como prevención del cáncer, medio ambiente, seguridad ciudadana o ciencia y tecnología. “La pregunta es: ¿dónde están las prioridades del Gobierno? ¿Cómo es posible gastar casi 4 mil millones en pensiones que no se pueden explicar?”, cuestionó.
Martínez adelantó que la Fuerza del Pueblo estudia los pasos legales a seguir y que esta es solo la primera etapa de una denuncia que, según dijo, revelará el “grado de irresponsabilidad con que se están manejando las finanzas públicas”.
