SANTO DOMINGO. – Al dirigir un mensaje a la nación transmitido en cadena nacional de radio, televisión y por las redes sociales de la Presidencia de la República, Luis Abinader informó que, la frontera seguirá cerrada para garantizar la seguridad y el interés nacional, así como proteger los ríos, medio ambiente y producción agrícola del país.
“Esto no se trata de un conflicto entre dos pueblos, porque ni el dominicano ni el pueblo haitiano queremos la confrontación; lo que han demostrado nuestros pueblos es el deseo de vivir en paz”, afirmó.
La paralización definitiva del canal en construcción en territorio haitiano sobre el afluente del río Masacre o Dajabón es la condición establecida por el Gobierno dominicano para levantar las medidas tomadas el pasado viernes, y que incluyen el cierre total de la frontera entre República Dominicana y Haití.
Además, agregó que el precedente de una obra de riego construida de manera unilateral que auspicia un grupo de ciudadanos haitianos desde el año 2018, puede conducir a una escalada de construcciones que acabarían con el río.
“Ante esta grave situación, que traspasa los propios límites del país vecino, llegando a afectar de forma directa a nuestros intereses y nuestros legítimos derechos, hemos entendido la necesidad de dar una respuesta contundente en legítima defensa contra los grupos incontrolables que no obedecen al orden constitucional haitiano ni reconocen los acuerdos bilaterales que rigen las relaciones fronterizas entre ambas naciones”, aseveró Abinader.
En el año 2021 se trató de llegar a un acuerdo a través de una la Comisión Mixta Bilateral, en la que las autoridades dominicanas señalaron la “falta de transparencia” en las intenciones expresadas por la parte haitiana.
“Las medidas estarán en vigor hasta tanto consigamos la paralización definitiva del canal en construcción”, expresó en su alocución de ocho minutos.
El jefe de Estado reiteró los argumentos de su gobierno para tomar estas medidas, que también disponen la suspensión de entrega de visados y prohibición de la entrada al país de los promotores del proyecto, al señalar que con esta obra se establece una “franca violación de los tratados fronterizos entre ambos países”, ante la que “no atendieron nuestros legítimos reclamos de parar de forma inmediata la construcción”.
Destacó que el Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de 1929 indica en su artículo 10 que en los ríos y otros cursos de agua que nacen en el territorio de un Estado y corren por el territorio de otro, o sirven de límites entre los dos Estados, ambas partes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de sus fuentes.
Además, recalcó que la desviación del río “perjudica unas 14 mil tareas de terreno cultivable en territorio dominicano y unas 10 mil tareas en territorio haitiano que benefician a 266 agricultores dominicanos y 125 agricultores haitianos”.
“También podría causar un daño ecológico al vital ecosistema lacustre de agua dulce de Laguna Saladilla, uno de los humedales más importantes en República Dominicana”, señaló.
