Puerto Rico.-Una fuerte polémica política ha surgido en Puerto Rico tras la denuncia de que el gobierno local facilitó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos un listado con nombres y direcciones de inmigrantes dominicanos, lo que podría facilitar su arresto y deportación. La medida ha sido duramente cuestionada por líderes políticos de la isla, quienes la califican como una traición a una de las comunidades más vulnerables y trabajadoras del territorio.
El congresista puertorriqueño Pablo Hernández señaló directamente a la gobernadora Jenniffer González, acusándola de “traicionar a los dominicanos”, al revelar que la administración solicitó datos personales a esta población para emitir licencias de conducir, pero posteriormente entregó esa información a las autoridades migratorias federales.
“La comunidad dominicana fue engañada. Se les pidió su información para un fin y luego se usó en su contra para su deportación,” afirmó Hernández, representante de Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos. “Nadie puede justificar que el gobierno le dé la espalda a quienes han venido a trabajar y contribuir al progreso de nuestro país,” agregó.
En la misma línea, el exgobernador Alejandro García Padilla criticó duramente la acción, calificándola de “cruel y cínica”. “Se trató a seres humanos como si fueran objetos, personas que solo querían cumplir la ley y conducir legalmente en nuestras calles,” expresó el exmandatario.
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La controversia comenzó cuando Rebecca González Ramos, directora de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Puerto Rico, confirmó a la cadena NPR que su agencia solicitó al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) información sobre cuántos inmigrantes sin estatus migratorio legal poseen licencias de conducir en la isla.
Según medios locales, la entrega de datos respondió a una solicitud formal, lo que ha provocado dudas sobre los límites éticos y legales en el uso de información confidencial otorgada en buena fe por los ciudadanos.
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores civiles han exigido una investigación exhaustiva sobre el manejo de estos datos, mientras que desde el gobierno defienden que actuaron en cumplimiento de una orden legal federal.
La comunidad dominicana en Puerto Rico es una de las mayores poblaciones migrantes de la isla, con una presencia destacada en sectores laborales clave. La situación ha generado temor e indignación entre sus miembros, quienes ahora enfrentan la posibilidad de ser detenidos y deportados tras haberse registrado para obtener licencias de conducir.
