SANTO DOMINGO, R.D.– El exsenador por La Romana, Iván Silva, denunció un aumento de presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a agentes de la Policía Nacional y unidades del DICRIM, lo que ha provocado preocupación entre sectores de la sociedad civil y líderes comunitarios.
Según sus declaraciones, varios jóvenes habrían muerto en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por las autoridades.
Silva señaló que estas denuncias contrastan con un reciente acto oficial en el que el presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña y otras figuras públicas entregaron reconocimientos y medallas a miembros de distintas instituciones.
Aseguró que familiares de las víctimas perciben este tipo de ceremonias como una desconexión con el dolor que atraviesan los barrios afectados.
Entre los casos mencionados figuran los de Romy Alexander Martínez, Moisés Severino Monegro y Christopher Quezada Estévez, cuyas familias reclaman investigaciones independientes.
Testimonios recopilados por organizaciones de derechos humanos incluyen situaciones graves como un adolescente de 14 años muerto de un disparo en la cabeza y un joven presuntamente ejecutado estando esposado.
Líderes comunitarios también denuncian que algunos operativos policiales habrían sido ejecutados sin órdenes judiciales ni procesos previos, incluso dentro de viviendas o mientras las víctimas realizaban actividades cotidianas.
Afirman que la falta de controles y supervisión estaría alimentando una cultura de impunidad.
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Silva advirtió que comunicadores independientes han elevado las acusaciones, sugiriendo que ciertos operativos violentos podrían estar relacionados con disputas por puntos de droga, donde bandas pagarían para eliminar a competidores aprovechándose de la debilidad de la supervisión estatal.
Ante la supuesta falta de avances en las instituciones nacionales, el exsenador informó que abogados y defensores de derechos humanos preparan expedientes para llevar los casos ante tribunales internacionales.
La acción buscaría impulsar investigaciones independientes y establecer responsabilidades en todos los niveles de mando, incluyendo autoridades vinculadas al Consejo de la Policía.
