SANTO DOMINGO.– El abogado penalista Amadeo Peralta hizo un llamado público a la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso para que impulse el caso de estafa y falsificación de títulos de propiedad en Punta Rucia, el cual, asegura, ha sido documentado y confirmado por múltiples instituciones del Estado.
“Que se le ponga atención a todos los expedientes que están durmiendo en la Inspectoría del Ministerio Público. Hay querellas disciplinarias depositadas contra miembros del mismo Ministerio Público”. enfatizó.
Durante una entrevista en el programa matutino Su Mundo, Peralta aseguró que la Procuraduría General de la República emitió un informe concluyente en el que determinó que todos los títulos de propiedad en Punta Rucia provienen de documentos falsificados y herederos ficticios del señor Carlos López Wester, un dominicano que emigró a Alemania, donde formó una familia cuyos descendientes ahora reclaman los terrenos.
“Es un caso más grave que Bahía de las Águilas”
Peralta concluyó que este caso supera en gravedad al de Bahía de las Águilas. “La justicia debe actuar. Si se quiere acabar con la impunidad, el Ministerio Público debe intervenir de inmediato y desmontar esta red criminal que lleva años robando tierras en el país”.
Informe de falsificación confirmado
Según Peralta, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y tres agrimensores designados por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) confirmaron que los documentos usados para reclamar los terrenos fueron alterados. Incluso se habría falsificado una sentencia del Tribunal de Tierras para justificar herederos inexistentes.
“Usaron liquid paper, insertaron nombres entre líneas… un desastre jurídico. Es un caso peor que el de Bahía de las Águilas”, denunció.
El abogado responsabilizó a empleados de la Jurisdicción Inmobiliaria, Mensura Catastral y Registros de Títulos por facilitar el fraude.
Jueces, fiscales y militares implicados
Peralta fue enfático al señalar que miembros del Ministerio Público, jueces de Puerto Plata y altos mandos militares están involucrados en la supuesta red criminal.
“Hay generales que llegaron a robarse viviendas en Punta Rucia y se las regalaban a otros militares para que pusieran sus instituciones al servicio de la banda. Incluso, informé personalmente a la magistrada Miriam Germán de cuatro fiscales involucrados. Hasta ahora, no ha pasado nada”, afirmó.
El fraude en el Registro Civil
Parte del esquema incluyó la falsificación de actas de nacimiento y defunción en la oficialía civil de Neiba, donde se inventó la existencia de un supuesto hijo de Carlos López Wester para crear herederos falsos. Se utilizó un libro robado de esa oficialía para emitir actas legales falsas.
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El abogado también denunció que el alcalde del distrito municipal de Montserrat fue sorprendido en flagrante delito con libros robados de la oficialía de Neiba. La Junta Central Electoral ha emitido ocho resoluciones recomendando su sometimiento, sin que hasta la fecha se haya judicializado el caso.
Inacción y complicidad institucional
Peralta criticó la inacción de varios procuradores anteriores, incluyendo Francisco Domínguez Brito y Radhamés Jiménez, asegurando que el expediente solo fue reactivado con la llegada de Miriam Germán Brito.
Indicó que el turismo y la inversión en Punta Rucia están paralizados por la falta de seguridad jurídica: “Allí no hay un solo título válido. Nadie quiere invertir millones donde no hay garantía legal sobre la propiedad”, afirmó.
El abogado señaló que la Embajada de Alemania ha colaborado con la Procuraduría para identificar y traer al país a los herederos legítimos de Carlos López Wester, quienes ahora están representados por él en el proceso de recuperación de los terrenos.
Posibles penas y acusados
El caso, según Peralta, se juzgará bajo el Código Penal actual, ya que los delitos fueron cometidos antes de la entrada en vigor del nuevo código (prevista para agosto de 2026). Las penas por uso de documentos falsos pueden alcanzar hasta cinco años de prisión, y si se suma el cargo de asociación de malhechores, la pena podría extenderse a diez años.
Entre los principales acusados, mencionó a:
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Fernando Enrique Mejía Mendoza (abogado)
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Dulce María López Mercedes (empleada del Instituto Agrario Dominicano)
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Otros individuos aún no identificados públicamente
