Ciudad de Panamá – La empresa Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa CK Hutchison, anunció este martes el inicio de un proceso de arbitraje contra la República de Panamá, luego de que la Corte Suprema de Justicia del país declarara la semana pasada inconstitucional el contrato de concesión que la compañía tenía sobre los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico).
Según un comunicado de PPC, la medida se produce tras lo que describen como una campaña del Estado panameño dirigida específicamente contra la compañía, marcada por acciones que, aseguran, han causado y podrían causar daños significativos a la empresa, mientras que contratos similares en el sector portuario no fueron cuestionados.
El fallo del Supremo panameño del pasado 29 de enero anuló la concesión otorgada a PPC en 1997, que incluía adendas y una prórroga automática de 2021. Al día siguiente, el Gobierno panameño anunció que APM Terminal Panama, subsidiaria del grupo AP Moller-Maersk, asumiría de manera transitoria la operación de ambos puertos mientras se realiza una nueva licitación abierta y transparente.
PPC afirmó que Panamá ha incumplido el contrato y la ley aplicable y solicitó una indemnización amplia, basada en datos financieros relevantes y otros remedios que considere necesarios. La compañía asegura que el arbitraje se sustenta en un contrato que ha servido como un “contrato-ley” durante casi tres décadas, garantizando seguridad jurídica y respeto al marco legal y contractual.
La empresa también cuestionó que la decisión de la Corte Suprema contrasta con fallos anteriores sobre contratos similares y destacó que el fallo aún no se ha publicado ni ha entrado en vigor. Según PPC, las acciones legales que llevaron a la anulación del contrato derivan de demandas presentadas en julio de 2025 por el contralor general, Anel Flores, quien alegó la existencia de términos lesivos en el contrato.
