Seis personas fueron arrestadas en los estados de Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey durante una operación federal que permitió desarticular una red dedicada al narcotráfico y al tráfico ilegal de armas de fuego, la cual presuntamente era dirigida por un ciudadano dominicano desde la República Dominicana.
El operativo fue ejecutado por la Administración para el Control de Drogas (DEA), en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de New Haven (HSTF), de acuerdo con información ofrecida por el fiscal federal del Distrito de Connecticut, David X. Sullivan.
Los detenidos fueron identificados como Manolin Vargas D’Olón, alias “Robelin”, de 30 años; Giovanni Benoit, de 41; Álvaro Pérez, de 40; Anderson Amador Nova, de 35; Ángel Vásquez, alias “Bebo”, de 36; y Andy Martínez, de 46 años.
Según documentos judiciales, la organización distribuía fentanilo y metanfetamina, además de armas de fuego, a través de múltiples redistribuidores en varias ciudades del noreste de Estados Unidos. Durante la investigación se realizaron más de 30 compras controladas, que derivaron en la incautación de más de un kilogramo de fentanilo, más de 200 gramos de metanfetamina y al menos 17 armas de fuego.
El análisis de laboratorio reveló que parte del fentanilo estaba mezclado con bromazolam, una benzodiazepina sintética que ha sido detectada con mayor frecuencia en casos de sobredosis fatales, conforme a los informes oficiales.
Un gran jurado federal de New Haven emitió el 9 de diciembre de 2025 una acusación formal de 15 cargos contra los imputados, que incluyen conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir sustancias controladas, así como delitos relacionados con el tráfico ilegal de armas.
De ser encontrados culpables, los acusados podrían enfrentar penas que van desde cinco años de prisión hasta cadena perpetua, dependiendo de la imputación correspondiente. Vargas D’Olón enfrenta además una acusación separada por posesión de pornografía infantil, delito que conlleva una pena máxima de 20 años de cárcel.
En cuanto a la situación procesal, Vargas D’Olón, Pérez, Amador Nova y Vásquez permanecen detenidos, mientras que Benoit y Martínez fueron liberados bajo fianza y colocados bajo arresto domiciliario.
Las autoridades recordaron que una acusación formal no constituye prueba de culpabilidad y que todos los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable.
