Santo Domingo.– El juicio contra Elizabeth Silverio Silien continúa avanzando luego de que el Ministerio Público concluyera la presentación de testigos en el proceso que se le sigue por presunta usurpación de funciones en el área de la salud.
Durante las audiencias, el órgano acusador también avanzó en la incorporación de pruebas documentales con el objetivo de sustentar las imputaciones relacionadas con el funcionamiento del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Knowledge Land (Kogland).
El proceso judicial inició el pasado 9 de marzo con la lectura de la acusación y la presentación de los primeros testigos. Entre ellos, Juan Geraldo Mesa, director del Departamento de Habilitación de Centros del Ministerio de Salud Pública, quien aportó evidencias que indican que el centro no contaba con la debida autorización para operar.
Asimismo, el consultor jurídico del Ministerio de Salud Pública, Luis Manuel Tolentino, presentó una certificación que establece que Silverio no está registrada en el país en ninguna área de la salud.
Durante el juicio, la jueza Milagros Ramírez Cabrera, de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, también escuchó a padres de niños afectados, quienes relataron daños económicos y emocionales, y afirmaron que la acusada se presentaba como neurocientífica.
Como parte de las pruebas, el Ministerio Público incorporó recibos de pago e informes diagnósticos emitidos por el centro, los cuales contenían un sello con un exequátur presuntamente falso utilizado para validar evaluaciones.
El equipo del Ministerio Público, integrado por las fiscales Magalys Sánchez, María Silvestre y Laura Vargas, también ha presentado evidencias documentales, periciales y materiales en el proceso.
La continuación del juicio fue fijada para el próximo 23 de enero, fecha en la que se prevé que el Ministerio Público concluya la incorporación de pruebas documentales para demostrar la responsabilidad penal de la imputada.
Este nuevo juicio fue ordenado por la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que en octubre de 2025 anuló la sentencia anterior que condenaba a Silverio a siete años de prisión y dispuso la celebración de un nuevo proceso.
