Euronews.-El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho referencia a la orden de detención contra Putin que la Corte Penal Internacional ha emitido este viernes: “Creo que está justificada. Pero la cuestión es que nosotros tampoco la reconocemos internacionalmente. Sin embargo, creo que es un argumento muy sólido”.
Estados Unidos no es uno de los países que pertenece a este organismo de la Justicia internacional. No ratificó el tratado para ser miembro, de tal forma que no sus presuntos crímenes de guerra en Irak o Afganistán no han podido ser encausados en la Haya. Esto hace que el proceso para luchar por que Rusia rinda cuentas ante este tribunal por su guerra de agresión a Ucrania.
El Estatuto de Roma tiene 123 Estados Parte, entre los que faltan potencias importantes, como Estados Unidos, Rusia, China, India o Israel, lo que en la práctica supone que la CPI no tiene jurisdicción sobre los crímenes de guerra, de lesa humanidad, de genocidio o de agresión que puedan cometer.
Marieke De Hoon, experta en Derecho Internacional, subraya a EFE que Estados Unidos ha sido un gran defensor de la justicia penal global, pero “siempre se ha mostrado reacio a la creación de un tribunal supranacional con jurisdicción sobre sus nacionales: justicia para los demás, pero no para sí misma”, lo que “encaja en su enfoque aislacionista en la geopolítica”.
Estados Unidos incluso tiene en vigor una ley que prohíbe que sus soldados sean extraditados para ser juzgados por crímenes de guerra, lo que impide a la CPI pronunciarse por sus acciones militares en Irak o Afganistán. Cuando lo intentó, Washington retiró el visado a la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda.
“No es solo Estados Unidos, esta posición también se puede ver con las otras cinco potencias, donde China y Rusia son igualmente activos en evitar esta jurisdicción supranacional y bloquear las referencias a la CPI con su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU”, añade De Hoon.
Cuando se estableció la CPI en 2002, Francia y Reino Unido limitaron su jurisdicción para evitar ser procesados por una potencial agresión militar a otro país. En 2018, se amplió la jurisdicción de la CPI sobre este crimen, pero siempre que los dos países afectados ratifiquen el Estatuto enmendado.
“Esto es problemático porque siempre expone la justicia penal internacional a las críticas de justicia selectiva. Algunos nacionales son procesados por la CPI, otros están protegidos. Pero esta es la realidad de nuestro orden mundial”, lamenta De Hoon.
