Concretamente, Alexandre de Morães, presidente del máximo órgano judicial de Brasil y quien ha mantenido siempre una tensa relación con el ala más extremista del bolsonarismo, ordenó mantener tras las rejas a 942 acusados por los ataques golpistas en Brasilia el pasado 8 de enero al tiempo que liberó a 464 tras lo que denominó una “afronta contra el mantenimiento del Estado de derecho“. Por su parte, el ministro de Justicia eximió a las Fuerzas Armadas de su responsabilidad en tales eventos.
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil continúa su investigación contra los perpetradores del asalto a los tres Poderes del Estado el pasado 8 de enero por parte de seguidores radicales del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro.
De los hasta ahora más de 1.400 detenidos, el Alto Tribunal ordenó mantener bajo prisión preventiva a 942 de ellos, según informó el viernes Alexandre de Morães, titular del órgano judicial. En sus deliberaciones, adujo que estas personas todavía detenidas pasan directamente a un régimen de prisión preventiva, que no concreta tiempos para emitir una sentencia sobre el caso.
Juzgados por actos de terrorismo
Serán juzgados, eso sí, por delitos de “destrucción de predios públicos, actos de terrorismo, asociación criminal, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, amenaza, persecución o incitación al crimen“, según reza el auto del Supremo.
“Las conductas fueron ilícitas y graves, con la intención de, por medio de violencia y grave amenaza, impedir el ejercicio de los poderes constitucionales constituidos”, explicó De Morães en su escrito sobre los acusados, en el que añadió: “Hay pruebas en los autos de la participación efectiva de los investigados en una organización criminal que actuó para intentar desestabilizar las instituciones republicanas“.
Por su parte, 464 personas quedaron bajo “libertad provisional” aunque con medidas cautelares. Serán monitoreados con pulseras electrónicas y deberán presentarse físicamente ante las autoridades cada lunes. Anteriormente, otras casi 700 personas fueron liberadas por “razones humanitarias” según informó la Policía Federal, aunque no quedarán exentos de ser investigados.
En el curso de las pesquisas por los ataques al Congreso, el Poder Judicial y el Ejecutivo, Alexandre de Morães recalcó también la necesidad de concretar cómo se financió la estancia y la llegada a la capital brasileña desde otros puntos del país por parte de los autores materiales de los ataques golpistas.
Algunos de aquellos bolsonaristas permanecieron acampados más de dos meses a las afueras de los organismos militares en las principales urbes de la nación, solicitando de las Fuerzas Armadas una intervención militar que revirtiera la victoria electoral del candidato izquierdista del Partido de los Trabajadores Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, que ganó los comicios el pasado 30 de octubre con el 50,9% del escrutinio.
El Ministerio de Defensa no ve responsabilidad en las Fuerzas Armadas
El recién estrenado titular de la cartera de Defensa, José Mucio, comentó el viernes que no había habido una participación directa de las Fuerzas Armadas en los ataques a los poderes democráticos, pese a las reticencias del propio presidente, que criticó a los militares por su pasividad y falta de previsiones a la hora de disolver a los manifestantes que allanaron la Explanada de los Ministerios el 8 de enero.
Mucio mantuvo el viernes un encuentro con el mandatario y los comandantes del Ejército para enderezar las relaciones; una reunión donde también estuvieron presentes empresarios y en la que se comentó sobre inversión en Defensa y nuevas adquisiciones militares.
“Tengo entendido que no hubo una participación directa de las Fuerzas Armadas, pero si alguien estuvo personalmente involucrado eso será investigado“, exhortó Mucio.
También descartó una nueva insurrección violenta por parte de estos fieles radicales bolsonaristas, porque en ese caso “las Fuerzas Armadas lo van a anticipar“, exclamó.
La reunión se dio luego de que ‘Lula’ expulsara esta misma semana a más de 80 militares del círculo de Presidencia, colocados por Bolsonaro durante su mandato y quienes serán sustituidos por miembros de la Policía Federal, según informó el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo.
Continuaron las pesquisas y allanamientos contra sospechosos
El viernes también tuvieron lugar 24 redadas más, según informó la Policía Federal, contra personas sospechosas con el objetivo de identificar a quienes “participaron, financiaron o fomentaron” los eventos golpistas.
Entre los allanamientos señalados se produjo el de Ibaneis Rocha, gobernador suspendido de Brasilia, que está bajo investigación por no impedir el asalto a los Poderes del Estado. Alexandre de Morães lo destituyó de su cargo 90 días el mismo 8 de enero, pocas horas más tarde del asalto en la capital brasileña.
“El objetivo es buscar evidencia para apoyar la investigación sobre la conducta de las autoridades públicas que podrían haber incumplido su obligación de prevenir los hechos violentos ocurridos ese día en Brasilia“, señaló la Policía a través de un comunicado.
Fue allanada tanto su casa particular como sus locales de trabajo, aunque el político no estuvo presente, sino sus abogados, quienes se mostraron tranquilos: “No hay nada que esconder. Este allanamiento es innecesario e infructuoso“, dijo uno de los titulares de su equipo jurídico.
Mientras continúan las deliberaciones sobre lo ocurrido en Brasilia, ‘Lula’ continúa dando pasos en su mandato, pese a las tensiones generadas tras la gran polarización en la que está sumida Brasil tras el mandato de Bolsonaro.
