Ya no son 300 sino 1 500 personas las que han sido detenidas en Brasil por el asalto de las sedes de los tres poderes en Brasilia. La policía ha tenido que desmantelar a la fuerza un campamento improvisado frente al cuartel general del Ejército en la capital.
Alrededor de 3 000 simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro habían instalado tiendas de campaña en señal de protesta contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Los radicales llevaban dos meses pernoctando ilegalmente en la zona y exigían la intervención militar contra el recién elegido mandatario.
En paralelo, miles de personas se congregaron en las principales ciudades de Brasil este lunes para repudiar los ataques contra las sedes de los poderes del Estado.
Han pedido un duro castigo para quienes participaron en el asalto y para Bolsonaro, a quien acusan de incitar la violencia entre sus seguidores.
“Lo que me duele es la impunidad de la gente que quiere acabar con la democracia de nuestro país, por la que tanto hemos luchado. Nuestra democracia sólo tiene 30 años, pero quiero que sean millones de años más”, expresó la joven estudiante, Fatima Lima Melo.
“Tengo un poco de miedo de que vuelvan a ocurrir otras cosas, pero esto no detendrá nuestra lucha, no me detendrá a mí, creo que tenemos que seguir resistiendo y demostrar que este no es el camino, que esto no debe volver a ocurrir”, señalaba, por su parte Samanta Coelho, otra estudiante presente en las manifestaciones prodemocráticas.
Tras mostrar su total condena contra el asalto en Brasilia, el presidente Joe Biden conversó por teléfono con Lula da Silva para invitarlo a visitar Washington a principios de febrero y llevar a cabo “consultas a fondo” sobre varios temas.
