sábado, junio 13, 2026

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Campesinos de Samaná protestan frente a la Procuraduría para evitar ser desalojados

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Santo Domingo. – Decenas de campesinos de la comunidad El Limón, en Samaná, se manifestaron este jueves frente a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), en rechazo a los desalojos que, según denunciaron, se están llevando a cabo de forma violenta y sin previo aviso.

La protesta fue encabezada por el sacerdote Rogelio Cruz, quien trasladó hasta Santo Domingo a más de un centenar de familias afectadas por los supuestos atropellos. Con pancartas en mano y consignas dirigidas a las autoridades judiciales, los manifestantes exigieron la intervención de la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso para investigar a los abogados Fabián Mercedes Hernández y Faustino Morel, a quienes acusan de presiones ilegales y amenazas temerarias.

“Lo que está pasando en El Limón es una barbaridad. Derriban casas, queman cultivos y mandan hombres armados como si los campesinos fueran delincuentes”, expresó el padre Rogelio Cruz durante la manifestación.

Los parceleros denuncian que los abogados mencionados envían brigadas armadas para arrasar con viviendas y sembradíos, en una supuesta acción de desalojo, sin notificación oficial ni presencia de autoridades competentes.

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Uno de los casos más críticos es el del señor Antonio Coplín, un anciano de 84 años que, según sus familiares, fue enviado a prisión tras resistirse a abandonar la propiedad donde ha vivido por más de seis décadas. “Mi padre ha pasado toda su vida trabajando esas tierras, ahora lo tratan como un criminal por no dejarse sacar a la fuerza”, denunció uno de sus hijos.

De acuerdo con el padre Rogelio, los abogados argumentan tener una sentencia que autoriza el desalojo de más de 200 familias que ocupan alrededor de 16 mil tareas cocoteras en la zona costera de Samaná. Sin embargo, los campesinos aseguran poseer títulos de propiedad, aunque no fueron mostrados durante la protesta.

Los manifestantes advirtieron que no cesarán en su lucha hasta que cese la violencia y se respeten sus derechos. Además, solicitaron la mediación del Gobierno para evitar una escalada del conflicto.

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