Por: Yulibelys Wandelpool, abogada laboralista y especialista en Derecho Administrativo
La Constitución dominicana establece el trabajo como un derecho y el salario como una garantía para vivir con dignidad. Sin embargo, en el contexto económico actual, donde la canasta básica continúa en ascenso y los salarios mínimos apenas la rozan, cabe una pregunta fundamental:
¿Se están respetando verdaderamente los derechos laborales en la República Dominicana?
La cruda realidad: la canasta sube, el salario apenas responde
Entre enero y abril de 2025, el costo promedio de la canasta familiar nacional se elevó a RD$46,728.50, afectando todos los niveles de ingreso. El quintil más pobre (el primero) pasó de RD$27,828.58 a RD$27,968.34.
El gobierno afirma que, con el nuevo salario mínimo general (RD$27,988.80), “ya se cubre” esa canasta. Pero esta afirmación es una lectura parcial, estadística y descontextualizada.
Desde el enfoque del Derecho Laboral, es imprescindible señalar que el salario no debe limitarse a cubrir alimentación: debe alcanzar para vivienda, salud, transporte, educación y recreación. Así lo dispone el artículo 217 del Código de Trabajo dominicano y lo respaldan los convenios 95 y 131 de la OIT.
Un salario mínimo que apenas cubre una parte de la alimentación no es un salario digno: es salario insuficiente legalizado.
El artículo 62 de la Constitución es inequívoco: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno, con remuneración justa.”
Este mandato no puede limitarse a cifras optimistas del Banco Central, ni a narrativas políticas. El trabajo digno es una obligación constitucional y una garantía de justicia social.
Cuando el Estado permite que el salario mínimo permanezca desvinculado del costo real de la vida, se convierte en cómplice estructural de la precarización. Sin políticas que acompañen el alza salarial con control de precios, acceso a servicios y protección social, no se garantiza un derecho: se administra la sobrevivencia.
