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El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) sometió formalmente una acción de amparo constitucional de extrema urgencia ante el Tribunal Superior Administrativo, en contra del Consejo del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia, por considerar que la imposición obligatoria de audiencias virtuales en los tribunales del Distrito Nacional constituye una violación grave al acceso a la justicia de los ciudadanos y al derecho al trabajo de los abogados.
El presidente del CARD, Trajano Potentini informó que la acción se sustenta en los artículos 62, 69 y 69.1 de la Constitución, fue interpuesta en nombre del gremio por su presidente, el jurista Trajano Vidal Potentini, junto a un equipo de abogados integrado por José Manuel Jerez Tineo, Manuel Emilio Galván Luciano y Julio Ángel Ledesma Suárez.
Potentini argumenta que la Resolución núm. 21-2025, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, así como la Circular núm. 003/2025 de la Dirección General de Administración y Carrera Judicial, al imponer de manera obligatoria el uso de plataformas digitales para la celebración de audiencias, restringe indebidamente derechos fundamentales, tales como el acceso real y efectivo a los tribunales, el debido proceso legal, la tutela judicial efectiva y el derecho al trabajo digno de los profesionales del derecho.
Según el documento sometido, los tribunales ubicados en el Edificio de las Cortes del Distrito Nacional celebran actualmente la mayoría de sus audiencias exclusivamente en modalidad virtual, a excepción de los procesos penales y los embargos inmobiliarios. Esta medida, a juicio del gremio, ha generado serios obstáculos operativos y tecnológicos que afectan tanto a los abogados como a los ciudadanos.
Finalmente, la entidad pidió al tribunal disponer medidas cautelares que garanticen la efectividad de la protección solicitada, recordando que el procedimiento de amparo permite actuaciones sumarias y urgentes frente a la amenaza inminente de derechos fundamentales.
Trajano Potentini, junto a otros directivos del colegio como, Lucia Florentino, Aurelio Valenzuela, Alfredo Ramírez, Elizabeth Pérez, Marilyn Natera, entre otros miembros del CARD reiteró que no se oponen al uso de la tecnología en la administración de justicia, pero sí a su implementación obligatoria, excluyente y desproporcionada, que lesiona los principios constitucionales del Estado Social y Democrático de Derecho.
