El aspirante a la presidencia de la República Dominicana por el Partido Generación de Servidores (GenS), Carlos Peña, presentó este lunes una solicitud formal ante la Cámara de Diputados para que se abra un juicio político contra los jueces del Tribunal Constitucional que votaron a favor de la sentencia TC/1225/25, la cual elimina las sanciones por relaciones homosexuales en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La petición de Peña busca que los magistrados sean destituidos de sus cargos por lo que considera una grave falta en el ejercicio de sus funciones.
Durante una rueda de prensa en el Congreso Nacional, Peña aseguró que los jueces “cometieron faltas graves al tomar la referida decisión en la dirección que lo hicieron” y sostuvo que fundamentaron su fallo “en una normativa inexistente”.
Según el exlegislador, los magistrados desconocieron que la Ley No. 285 y la Ley No. 3483 habían sido derogadas por la Ley No. 278-04, lo que, a su juicio, evidencia un “yerro jurídico imperdonable” para quienes tienen la responsabilidad de salvaguardar la Constitución.
Peña enfatizó que la interpretación de la Constitución debe estar a cargo de personas con un conocimiento profundo del ordenamiento jurídico nacional, y calificó la sentencia como un acto que compromete la integridad de la justicia dominicana. “Es sorprendente la manera infantil en que los jueces que votaron a favor de esta decisión desconocieron normas fundamentales de nuestra legislación”, afirmó.
Hablando en representación de su partido, Peña acusó a los magistrados de prevaricación judicial y afirmó que su fallo podría obedecer a la intención de “congraciarse con la agenda supranacional que busca imponerse en el país utilizando los poderes del Estado”. En ese sentido, advirtió que la sentencia abre un camino que, según él, amenaza la moral de la nación y podría llevar en el futuro a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.
La solicitud formal de juicio político fue dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, a quien Peña pidió evaluar la incapacidad de los jueces y los actos de prevaricación como motivos suficientes para proceder con la destitución de los magistrados.
Este pronunciamiento se produce en medio de un debate nacional sobre los derechos de las personas LGBTQ+ en instituciones públicas y ha generado diversas reacciones entre sectores políticos y sociales. Peña insistió en que su acción busca garantizar que las decisiones de los tribunales estén alineadas con el marco legal vigente y con la cultura y valores dominicanos.
