Santo Domingo.– El director general de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, afirmó que la República Dominicana necesita una normativa clara que regule la publicidad estatal, al señalar que se trata de una deuda institucional pendiente y que resulta clave para garantizar transparencia y uso adecuado de los recursos públicos.
“En el país hace falta una normativa que regule la publicidad oficial. Eso es algo que desde hace más de 20 años se viene conversando y nunca se ha abordado de manera integral”, sostuvo.
Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, el funcionario indicó que históricamente la publicidad estatal se ha colocado, en algunos casos, en medios sin audiencia ni impacto comprobable, lo que evidencia la necesidad de un debate nacional que defina no solo cómo se contrata, sino también qué debe contratar el Estado en materia de publicidad.
Pimentel explicó que la publicidad oficial no debe analizarse únicamente desde la forma en que se contrata, ya que las entidades públicas pueden tener razones válidas para contratar directamente a un medio, una central de medios o una agencia publicitaria. No obstante, insistió en que el país arrastra desde hace más de dos décadas la ausencia de una regulación específica sobre el tema.
Llama a un debate nacional sobre la publicidad oficial
El funcionario planteó la necesidad de abrir un debate nacional que permita establecer límites claros sobre qué es y qué no es publicidad oficial, así como definir qué debe promover el Estado con fondos públicos.
Indicó que, desde la perspectiva de la DGCP, se trabaja en fortalecer los procedimientos de contratación, incorporando mayores exigencias de justificación cuando se utilicen excepciones, como explicar por qué se coloca publicidad en determinados medios.
Aclara confusión sobre la Ley 340 y la contratación de publicidad
Pimentel aclaró que la información difundida recientemente sobre supuestos cambios en la forma de contratar publicidad estatal respondió al desconocimiento del marco legal vigente.
Explicó que tanto la antigua como la nueva Ley 340 mantienen el mismo criterio: Cuando la publicidad se contrata directamente con un medio, se trata de una contratación directa por excepción, con procedimientos definidos. Cuando se contrata una central de medios o agencia publicitaria, el proceso debe ser competitivo.
Asimismo reafirmó que, la Ley 340 se agotó luego de 20 años de implementación, lo que hizo necesario repensar el sistema de contrataciones públicas. En ese tiempo surgieron nuevos precedentes del Tribunal Superior Administrativo, así como decisiones internas de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, que evidenciaron ausencias y contradicciones dentro del marco legal anterior.
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De igual modo, subrayó que un procedimiento de excepción no implica irregularidad, ya que la ley contempla distintos tipos de contratación, algunos competitivos y otros no, dependiendo del objeto y el monto.
Exclusividad no significa falta de competencia
El director de la DGCP explicó que la modalidad de exclusividad se aplica cuando existe un número limitado de oferentes en el mercado, y que aun así sigue siendo un proceso competitivo.
Detalló que la normativa redujo de 10 a 5 el número de oferentes requeridos para aplicar esta modalidad, sin impedir la participación de otros interesados que puedan presentar ofertas.
Defensa de los procesos de seguridad nacional
Al referirse a cuestionamientos sobre el decreto que autoriza a varias instituciones a usar la excepción por seguridad nacional, Pimentel precisó que esta figura existe desde la promulgación de la Ley 340 y está plenamente regulada.
Asimismo, Pimentel indicó que estos procesos sí son competitivos, pero no tienen vista pública por razones de seguridad, como ocurre en cualquier país democrático, y aclaró que no todo lo que adquieren esas instituciones se considera de seguridad nacional.
Falta de régimen de consecuencias en la normativa anterior
Una de las principales debilidades de la Ley 340 fue la ausencia de un régimen de consecuencias, tanto para funcionarios como para proveedores. La nueva legislación corrige esta falencia al reintegrar un sistema de sanciones, que incluye sanciones administrativas y también sanciones de tipo penal.
Estas últimas contemplan multas económicas y penas privativas de libertad que van de dos a diez años, lo que coloca la normativa dominicana en consonancia con los estándares internacionales en materia de contrataciones públicas.
Nueva ley fortalece transparencia y combate la corrupción
Pimentel aseguró que la nueva Ley de Contrataciones Públicas está compuesta por tres grandes bloques fundamentales. El primero está orientado a fortalecer los niveles de transparencia y control; el segundo busca mejorar la eficiencia del Estado, permitiendo contrataciones más ágiles y reduciendo la burocracia; y el tercero concibe las contrataciones públicas como un instrumento de desarrollo, tomando en cuenta que este renglón representa alrededor del 32 % del Presupuesto General del Estado.
el funcionario destacó que la nueva ley también introduce una visión estratégica del gasto público, orientada a dirigir los procesos de contratación hacia las mipymes, mipymes lideradas por mujeres, mipymes industriales, sectores productivos y pequeños productores agropecuarios. El objetivo es generar una economía de triple impacto: económico, social y ambiental.
Sistema digital como alerta preventiva contra la corrupción
Pimentel explicó que, el sistema electrónico de contrataciones se consolida como una herramienta clave de prevención de la corrupción. Actualmente integra unas 650 unidades de compra, incluyendo todos los entes del Poder Ejecutivo, alrededor de 200 gobiernos locales y más de 100 hospitales que anteriormente no realizaban transacciones a través del sistema.
Además aseguró que, dicho mecanismo garantiza la publicidad, la transparencia y la participación abierta, permitiendo que cualquier interesado pueda ofertar bienes, servicios u obras al Estado.
Más proveedores, más competencia y mayor transparencia
Pimentel reveló que, el Estado dominicano cuenta hoy con 120,000 proveedores registrados, y se realizan entre 300 y 600 procesos de contratación diarios. Esto ha generado un incremento superior al 43 % en la participación, lo que se traduce en más ofertas por proceso y, en consecuencia, mayor competencia y mejores condiciones para el Estado.
Innovación tecnológica y fortalecimiento institucional
Destacó que el sistema electrónico ha permitido desarrollar alertas preventivas, sistemas de información de precios, la herramienta “Planifícate Ya” para proveedores y el uso de inteligencia artificial para reforzar la eficiencia y los controles.
Finalmente, Pimentel reafirmó que la nueva ley reafirma la necesidad de seguir fortaleciendo el sistema digital y ampliar la interoperabilidad entre las instituciones del Estado, como vía para garantizar mayor eficiencia, control y transparencia en las contrataciones públicas.
