Santo Domingo.-El director general de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, informó que en los próximos días será emitida una resolución que establecerá el estándar de organización de las unidades de compras en las instituciones del Estado dominicano, con el objetivo de mejorar los procesos, el flujo de gestión y las políticas internas.
“Esta semana vamos a hacer pública una resolución donde establecemos un estándar de cómo se van a organizar las unidades de compra, de manera que pueda haber proceso, flujo, gestión y política interna”, aseguró durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo.
Pimentel explicó que la normativa fue aprobada de manera conjunta por el Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.
Herramienta “Infopago” para seguimiento de pagos
Como parte de las mejoras en eficiencia, el funcionario adelantó el lanzamiento de Infopago, una plataforma que permitirá a los proveedores conocer en qué etapa se encuentra su pago. Esta herramienta busca reducir los tiempos de pago, identificar cuellos de botella y garantizar que la contratación pública cumpla su ciclo completo: recibir el bien o servicio y pagar oportunamente para dinamizar la economía.
Pimentel subrayó que el propósito central de las contrataciones públicas es democratizar las compras del Estado y generar bienestar. En ese sentido, destacó que la nueva ley impulsa una mayor participación de las mipymes y promueve el desarrollo económico a través del mercado público.
La nueva ley retoma el sistema de consecuencias, fin del régimen de impunidad
El titular de la DGCP explicó que la nueva ley restablece el sistema de consecuencias, eliminado en 2006, lo que a su juicio dio paso a un régimen de impunidad.
Ahora, la normativa contempla sanciones administrativas y penales, incluyendo penas de prisión de 2 a 10 años, multas y otras medidas para funcionarios y proveedores que incumplan la ley.
No es una ley anticorrupción, es una ley para el desarrollo
Pimentel aclaró que la ley de contrataciones públicas no es ni debe ser una ley anticorrupción, aunque sí incorpora mecanismos de control, transparencia y sanción.
“El fin de las contrataciones públicas es el desarrollo: que el Estado compre bienes y servicios de calidad y garantice derechos a la población”, puntualizó.
30 % del presupuesto para mipymes, más participación y empleo
Explicó que la nueva ley establece que al menos el 30 % del presupuesto nacional destinado a compras públicas debe dirigirse a las mipymes. En la práctica, el promedio actual ronda el 32 %, mientras que la participación de mipymes lideradas por mujeres ya alcanza el 12 %, por encima del 10 % exigido.
Pimentel resaltó que el debate debe centrarse en cuánto empleo se genera, qué nivel de empoderamiento se logra y cómo integrar a mipymes industriales y pequeños productores agropecuarios, incluso con criterios territoriales.
Tres grandes bloques de la ley de contrataciones
El funcionario explicó, que la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) queda fortalecida con nuevas atribuciones orientadas al monitoreo preventivo, el cumplimiento normativo (compliance), un régimen claro de incompatibilidades y un sistema de consecuencias efectivo, lo que refuerza la transparencia y el control en las compras del Estado.
Asimismo, resaltó que la nueva ley impulsa además la interoperabilidad entre las instituciones públicas, elimina la duplicidad de documentos y reduce de manera significativa los tiempos de contratación, pasando de un promedio de 150 días a apenas 58 días.
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Pimentel destacó que se introdujo el concepto de valor por dinero, que prioriza no sólo el precio, sino también criterios sociales, ambientales, de sostenibilidad y el costo del ciclo de vida de los bienes y servicios adquiridos, promoviendo así una contratación pública más eficiente y orientada al desarrollo.
“El Estado no está obligado a comprar lo más barato, sino lo que necesita, con la calidad requerida y al precio más justo”, explicó.
Sectores de mayor riesgo
El funcionario identificó como áreas críticas la obra pública, la contratación de tecnología y la compra de medicamentos e insumos médicos.
Aseguró que, aunque la corrupción no puede erradicarse por completo, sí puede reducirse y controlarse, siempre que no exista impunidad.
Reveló que en los últimos cinco años, la DGCP ha eliminado el silencio administrativo.
De más de 250 casos pendientes, hoy no existe ninguno sin decisión, y los recursos se responden en un plazo aproximado de tres meses.
Suspensión de proveedores y régimen de incompatibilidades
Pimentel informó que en cinco años se han suspendido alrededor de 500 registros de proveedores, como medida preventiva para proteger la integridad del sistema.
Circular con plazo de 15 días
El director del DGCP, anunció la emisión de una circular que otorgará 15 días a los proveedores con participación accionaria de funcionarios en régimen de incompatibilidad para solicitar la suspensión de su registro. La nueva ley elimina el umbral del 10 %: cualquier participación accionaria, aunque sea mínima, impide contratar con el Estado.
“Ocultar la condición de beneficiario final para contratar puede conllevar penas de 2 a 10 años de prisión”, afirmó.
Procesos complejos: INABIE y otros casos
Pimentel reconoció la complejidad de los procesos del INABIE, que reciben miles de ofertas en licitaciones dirigidas a mipymes. Aseguró que la DGCP ha anulado adjudicaciones, ordenado reevaluaciones y remitido casos a la Procuraduría cuando ha sido necesario, reiterando que no habrá silencio administrativo.
Finalmente, el director de la DGCP, afirmó que la República Dominicana avanza hacia un sistema de contrataciones públicas más transparente, eficiente y orientado al desarrollo, donde la clave no es la ausencia total de corrupción, sino la existencia de consecuencias reales y oportunas.
