Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó ayer viernes al Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que dicte auto de apertura a juicio en contra de los acusados de integrar una red de trata de personas con fines de explotación sexual, desmantelada con la Operación Cattleya, cuyo fallo fue fijado por el tribunal para el próximo 3 de noviembre.
Este viernes 20 de octubre, el Ministerio Público, representado por fiscales litigantes adscritos a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), presentó sus conclusiones al tribunal, solicitando auto de apertura a juicio y que sean mantenidas las medidas de coerción existentes contra los acusados.
El proceso se sigue contra José Miguel Michel Gurdis (Michel), Angélica Johanna Quintero y Daniel Enrique Inirio Abreu, Cristina Virginia González Hernández, María Castillo Vargas, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, José Alberto Soriano Rosario (Cirujano) y Dionicio Mieses de la Cruz (Dionis).
Además, contra Louis Marie Nephtalie, Engel Nefthali Vargas Soto (Ángel), Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee, Braulio Manuel Lugo, Marie Fokina Achille (Fior, Flor o Flores), Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz (Carlos), Melvin José Valentín Peguero, Zafiro Nataly Sánchez González, Oscar Wicene y Alejandro Arturo Batista Bustamante (el Gato).
El proceso también involucra a los hoteles Caribe y Oscar, del sector Gascue, del Distrito Nacional, y Coco Real, de Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia.
Del grupo, seis son mantenidos en prisión preventiva, dos tienen localizador electrónico y garantía económica, en tanto otros tienen presentación periódica y garantía económica.
El juez Raymundo Mejía, titular de Primer Juzgado de Instrucción, conoció el expediente con el que el órgano acusador imputa a miembros de una red que explotaba sexualmente a mujeres provenientes de Sudamérica y que tenía alrededor de un año operando en el país.
El expediente acusatorio está compuesto por 370 páginas.
En agosto del año 2022, la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Tratas de Personas (PETT), logró que la jueza Kenya Romero, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictara 18 meses de prisión preventiva contra 11 de los arrestados en ese mismo mes durante la Operación Cattleya. También, que el caso fuera declarado complejo.
El órgano persecutor estuvo representado por las fiscales litigantes Aleika Almonte, Ginna Matías y Carmen de León Hernández, adscritas a la PETT, así como Miguel Crucey, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y María Silvestre, de la Fiscalía del Distrito Nacional.
También, Ángela Díaz Vargas, abogada de la PETT, y Junior Alcántara y Soraida Batista, del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic), quienes fungieron como representantes de las víctimas de la Operación Cattleya.
