Santo Domingo.– El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años de prisión al mayor general Adán Cáceres Silvestre, al general Juan Carlos Torres Robiou y al coronel Rafael Núñez de Aza, tras hallarlos culpables de integrar una estructura de corrupción que operó durante varios años en instituciones vinculadas a la seguridad del Estado.
La decisión fue emitida por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, luego de concluir un extenso juicio en el que el Ministerio Público presentó numerosas pruebas documentales, periciales y testimoniales para sustentar las acusaciones.
Además de las penas de prisión, el tribunal ordenó el pago de RD$5,000 millones en favor del Estado dominicano como reparación por los daños económicos atribuidos a la red desmantelada mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
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Delitos atribuidos a los condenados
Según la sentencia, Adán Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou fueron encontrados culpables de asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial injustificado y otros delitos agravados por su condición de funcionarios públicos.
En tanto, Rafael Núñez de Aza fue condenado por asociación de malhechores, soborno, prevaricación, estafa contra el Estado, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado.
Las magistradas concluyeron que las acciones ilícitas fueron ejecutadas mientras Cáceres dirigía el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y Torres Robiou encabezaba el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Fallo tras un juicio de casi dos años
La lectura del dispositivo comenzó alrededor de las 3:00 de la tarde del lunes y concluyó entrada la madrugada de este martes, cuando el tribunal dio a conocer las condenas impuestas a los principales acusados del proceso.
El juicio de fondo inició el 27 de junio de 2024 y se convirtió en uno de los procesos por corrupción administrativa más amplios y complejos conocidos en los tribunales dominicanos en los últimos años.
Durante el conocimiento del expediente, el Ministerio Público sostuvo que los imputados utilizaron sus posiciones dentro de organismos de seguridad para desviar recursos públicos mediante mecanismos fraudulentos que generaron importantes beneficios económicos para los integrantes de la red.
Caso Coral y Coral 5G
Las investigaciones realizadas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) establecieron que el entramado habría operado entre los años 2012 y 2020, utilizando estructuras institucionales para extraer fondos estatales de manera irregular.
De acuerdo con la acusación, las maniobras afectaron recursos administrados por el Cusep, el Cestur y otras entidades vinculadas al Estado, generando pérdidas millonarias al erario público.
La sentencia marca uno de los capítulos más relevantes en la lucha contra la corrupción administrativa en República Dominicana y representa un paso importante dentro de los procesos judiciales derivados de las operaciones Coral y Coral 5G, consideradas entre las investigaciones de mayor impacto desarrolladas por el Ministerio Público en la última década.
