El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fijó para el jueves, 1 de agosto, el inicio de la etapa de incorporación de pruebas. El Ministerio Público está listo para presentar a sus primeros testigos y pruebas documentales en el orden que fueron ofertados, con el objetivo de exponer y sustentar los cargos contra todos los encartados en el proceso.
Principales encartados
El entramado societario, liderado por el mayor general del Ejército, Adán Cáceres Silvestre, incluye a varios altos oficiales y civiles que participaron en diversas actividades ilícitas para sustraer fondos de inteligencia del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) entre 2012 y 2020. Entre los imputados figuran el coronel Rafael Núñez de Aza; el general de la Fuerza Aérea Dominicana, Julio Camilo de los Santos Viola; el mayor del Ejército Nacional, Raúl Alejandro Girón Jiménez; el general Juan Carlos Torres Robiou; Rossy Guzmán Sánchez, conocida como “la Pastora”; el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de Rossy Guzmán Sánchez; y el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz. También se acusa a José Manuel Rosario Pirón, Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.
De qué se les acusa
La acusación detalla que los imputados se desviaron de sus responsabilidades institucionales en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) para sustraer dinero de los fondos de inteligencia a través de numerosas maniobras fraudulentas. También desviaron recursos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).
Los acusados de rangos superiores acumularon patrimonios millonarios sustrayendo dinero del erario, perjudicando la calidad de vida de miles de oficiales subalternos y alistados, quienes vieron su poder adquisitivo reducido y su situación económica empeorada debido a salarios que no reflejaban la realidad de sus funciones ni el riesgo que implica trabajar en los organismos castrenses, mientras sus superiores llevaban vidas de lujo.
Con el dinero sustraído, varios de los acusados adquirieron lujosos apartamentos, vehículos de alta gama, fincas, residencias, objetos de lujo, sociedades comerciales y otros bienes. Estas acciones constituyen delitos de asociación de malhechores, coalición de funcionarios, estafa contra el Estado, desfalco, violación a la ley de declaración jurada y lavado de activos, entre otros.
Las propiedades millonarias adquiridas por los acusados ascienden a más de RD$4,500 millones, reflejando el impacto de esta estructura criminal en el presupuesto de las instituciones afectadas.
