SANTO DOMINGO.– El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional continuará este lunes la audiencia del caso Medusa, con el objetivo de decidir varios incidentes presentados por las defensas del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros imputados en el proceso.
La audiencia está prevista para las 9:00 de la mañana, luego de que el tribunal, presidido por la magistrada Claribel Nivar, se reservara el fallo para analizar las objeciones, solicitudes y planteamientos formulados por los abogados de los acusados.
El caso Medusa es un proceso judicial en el que el Ministerio Público (MP) atribuye a los imputados la presunta integración de una red de corrupción que habría operado desde la Procuraduría General de la República (PGR).
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De acuerdo con el órgano acusador, esa estructura habría provocado un desfalco superior a los RD$6,000 millones en perjuicio del Estado dominicano, mediante distintas maniobras administrativas, financieras y contractuales.
Los incidentes comenzaron a ser presentados el pasado 16 de febrero y, desde entonces, han impedido que el Ministerio Público (MP) inicie la lectura formal de la acusación, una etapa necesaria para avanzar hacia el juicio de fondo.
Entre los planteamientos de las defensas figuran solicitudes de nulidad de algunas pruebas, cuestionamientos al expediente acusatorio y objeciones relacionadas con el desarrollo del proceso judicial.
Especialistas en materia penal señalan que la decisión que adopten las juezas será clave para definir el curso del caso, debido a que determinará si el Ministerio Público (MP) podrá continuar con la presentación formal de su acusación contra los implicados.
El expediente imputa presuntas violaciones a varios artículos del Código Penal, relacionados con coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
Asimismo, la acusación incluye supuestas infracciones a la Ley 712 sobre desfalco, así como a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en lo relativo a acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
El Ministerio Público también acusa al grupo de presuntas violaciones a la Ley 488-06 sobre Soborno y a varios artículos de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
