Santo Domingo. – Legisladores de distintas bancadas reafirmaron este viernes su oposición firme a cualquier intento de modificar el régimen de cesantía laboral en el marco de la reforma al Código de Trabajo, luego de que sectores empresariales plantearan limitar su pago a un tope de seis años y establecer un máximo de 10 salarios mínimos para su cálculo.
Los empresarios justifican la propuesta señalando que reducir la cesantía aliviaría la carga financiera de las empresas y permitiría pagarla en un plazo de hasta 90 días. Sin embargo, congresistas de todos los partidos coincidieron en que ese punto no tiene cabida en las discusiones legislativas.
El diputado Ramón Bueno afirmó que existe un consenso dentro del Congreso Nacional para excluir la cesantía del debate sobre la reforma laboral.
Por su parte, el vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz, fue categórico: “Mientras ese código no sea promulgado, el empresariado seguirá buscando cómo evadir esa responsabilidad. Pero aquí, en el Congreso, esa propuesta no tiene futuro. La cesantía no se toca, eso está decidido.”
En la misma línea, el diputado Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo, reiteró la posición oficial de su organización política, respaldada por el exvicepresidente Rafael Alburquerque, quien funge como enlace legislativo del partido.
“La cesantía no se toca. Es una conquista histórica de más de 200 años de los trabajadores dominicanos. Es un derecho adquirido consagrado en la Constitución y en las normas laborales. Vamos a garantizar que se mantenga”, enfatizó Crespo.
Los legisladores sostuvieron que, aunque reconocen el derecho del empresariado a presentar propuestas ante la comisión bicameral, modificar la cesantía no tiene viabilidad política ni social, y advirtieron que insistir en ello solo generaría conflicto con el sector laboral.
La reforma al Código de Trabajo, que ya fue aprobada en primera lectura, se encuentra en fase de revisión final en la Cámara de Diputados. A pesar de los debates en torno a otros temas, todo indica que hay consenso en mantener intactos los derechos adquiridos por los trabajadores dominicanos.
