SANTO DOMINGO.- El abogado penalista César Amadeo Peralta denunció que ninguna fiscalía de violencia de género del país dispone de alguaciles nombrados para asistir gratuitamente a las víctimas, una situación que, según afirmó, retrasa los procesos judiciales y deja en condición de vulnerabilidad a muchas mujeres que denuncian agresiones.
Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, Peralta sostuvo que esta carencia obliga, en numerosos casos, a que las propias víctimas tengan que costear un alguacil privado o incluso entregar personalmente las citaciones a sus presuntos agresores, exponiéndose nuevamente a situaciones de riesgo.
El jurista también alertó sobre las precariedades operativas que enfrentan las fiscalías especializadas en violencia de género, señalando que muchas carecen de personal suficiente, agentes policiales y condiciones mínimas para atender denuncias. Indicó que, salvo excepciones como la Fiscalía de Violencia de Género del Distrito Nacional, en varias dependencias las víctimas encuentran oficinas cerradas o sin disponibilidad inmediata para ejecutar citaciones y medidas de protección.
Explicó que las fiscalías dependen de patrullas policiales externas que frecuentemente no pueden asistir porque están asignadas a otras labores, lo que retrasa la localización de agresores y limita la capacidad de respuesta ante situaciones de peligro.
Ante esa realidad, Peralta planteó la creación de un cuerpo policial especializado en violencia intrafamiliar que pueda actuar de manera inmediata, acompañar a las víctimas a retirar pertenencias de sus hogares y ejecutar órdenes de alejamiento con mayor rapidez.
Casas de acogida y uso de grilletes electrónicos
El abogado afirmó que muchas mujeres rechazan acudir a casas de acogida debido a las limitaciones y condiciones incómodas de esos centros, prefiriendo en ocasiones permanecer con familiares o incluso continuar en sus hogares pese a la situación de violencia.
Como alternativa, defendió la implementación de grilletes electrónicos para agresores, acompañados de dispositivos de alerta para las víctimas, de modo que estas puedan ser notificadas si el imputado viola una orden de alejamiento. A su juicio, esta medida permitiría prevenir feminicidios y agilizar la intervención del sistema de emergencias 911.
Peralta también valoró positivamente la creación de centros de acogida y tratamiento conductual para hombres agresores, aunque insistió en que la principal limitante sigue siendo la falta de recursos estatales. Recordó que incluso los actuales hogares de acogida para mujeres y menores enfrentan serias deficiencias presupuestarias.
Resolución de la Procuraduría “vino a joder el sistema”
El penalista criticó además una resolución emitida años atrás por la Procuraduría General de la República que prohibió acuerdos entre personas involucradas en procesos de violencia de género.
Según explicó, la medida dificultó la solución de conflictos derivados de denuncias falsas o motivadas por disputas personales, incluso en casos donde las propias denunciantes admitían posteriormente que las acusaciones no eran reales.
A su juicio, esa disposición terminó agravando conflictos familiares y judiciales que pudieron resolverse mediante acuerdos supervisados por el Ministerio Público.
Aumento de penas
Peralta manifestó preocupación por el endurecimiento de las penas contempladas en el nuevo Código Penal para los feminicidios, advirtiendo que condenas extremadamente elevadas podrían incrementar los casos de homicidio-suicidio.
Indicó que algunos agresores, al verse enfrentados a penas acumulativas de hasta 60 años de prisión, podrían optar por quitarse la vida tras cometer el crimen.
Aunque respaldó sanciones severas en los casos más graves, insistió en que la respuesta al problema debe enfocarse principalmente en la prevención, la educación y la rehabilitación conductual.
