Santo Domingo.– El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, calificó como “ilegal e inconstitucional” la propuesta del Gobierno de reducir en un 50 % el financiamiento a los partidos políticos, al considerar que la medida representa un riesgo para el equilibrio democrático.
Mariotti sostuvo que, aunque la iniciativa podría resultar popular ante la opinión pública, en el fondo constituye un mecanismo de control político en un momento clave del escenario nacional. En ese sentido, afirmó que el Ejecutivo estaría utilizando el contexto económico internacional como una “cortina de humo” para modificar las reglas del juego democrático en vísperas de un proceso preelectoral.
El dirigente peledeísta alertó sobre el impacto que esta medida tendría en la equidad de la competencia política. “El Gobierno debe tener cuidado con usar la crisis como herramienta política. Estamos a las puertas de un proceso preelectoral donde el oficialismo cuenta con toda la estructura y recursos del Estado, mientras pretende limitar financieramente a la oposición”, denunció.
Argumentos legales
El también exsecretario general del PLD fundamentó su posición en los artículos 44 y 45 de la Ley No. 426-06 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, señalando que el Gobierno puede establecer controles de gasto, pero no reducir de manera unilateral los recursos ya consignados.
Asimismo, citó el artículo 212 de la Constitución, que establece la independencia presupuestaria y financiera de la Junta Central Electoral (JCE), la cual —según indicó— no puede ser vulnerada por decisiones administrativas del Poder Ejecutivo a través de la Dirección General de Presupuesto.
“Podrá ser una medida aplaudida por algunos, pero es un atropello institucional. Si el Gobierno quiere reducir estos fondos, debe someter una modificación al Congreso Nacional. Hacerlo de otra forma es usurpar funciones y afectar la autonomía de la JCE”, enfatizó.
Críticas al gasto público
Mariotti también cuestionó que se planteen recortes a los partidos mientras, a su juicio, no se observa una reducción proporcional en áreas como la publicidad estatal y la nómina pública.
“La democracia tiene un costo, y lo que se busca aquí no es ahorro, sino ventaja electoral. Puede parecer una medida legítima, pero en realidad es inconstitucional”, concluyó.
