SANTO DOMINGO.– El legislador Charlie Mariotti Jr. sometió ante el Congreso Nacional un proyecto de ley orgánica que busca modificar varios artículos de la Ley núm. 74-25, que contiene el nuevo Código Penal de la República Dominicana.
La iniciativa procura fortalecer las garantías constitucionales relacionadas con la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la crítica ciudadana, luego de los señalamientos realizados por sectores de la sociedad civil, periodistas, académicos y distintos gremios.
El proyecto plantea cambios en los artículos 208, 310 y 315 del Código Penal, relativos a la difamación, el ultraje a la autoridad y el desacato, con el propósito de evitar interpretaciones amplias que puedan afectar el ejercicio de derechos fundamentales.
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En el caso de la difamación, la propuesta establece que el hecho imputado debe ser falso para configurar la infracción, incorpora protección a la crítica y al periodismo de interés público, y elimina la pena de prisión, dejando únicamente sanciones de multa.
Respecto al ultraje a la autoridad, la modificación busca limitar esa figura a amenazas graves o actos de intimidación contra funcionarios, excluyendo expresamente la crítica, la protesta pacífica y el ejercicio periodístico.
En cuanto al desacato, el proyecto propone restringirlo a casos de amenazas, violencia o incumplimiento deliberado de decisiones judiciales o legislativas, dejando fuera la sátira, la opinión política y la denuncia ciudadana.
La iniciativa tiene como objetivo adecuar esas disposiciones a los principios de legalidad, taxatividad, proporcionalidad e intervención mínima, para garantizar que las normas penales no sean utilizadas contra expresiones legítimas de la ciudadanía.
Como medida de respaldo, también fue preparada una propuesta para modificar el artículo 393 de la Ley núm. 74-25 y ampliar por seis meses la vacatio legis del Código Penal, en caso de que los cambios principales no sean aprobados a tiempo. Esta extensión buscaría permitir ajustes constitucionales pendientes y una mejor preparación del Poder Judicial (PJ), el Ministerio Público (MP), la Defensa Pública (DP) y los demás actores del sistema de justicia antes de la entrada en vigor de la nueva normativa.
