Santo Domingo. – Representantes del gobierno y del sector empresarial rechazaron categóricamente que los recientes cierres de negocios administrados por ciudadanos de origen asiático respondan a una “cacería de brujas”, afirmando que las clausuras se deben exclusivamente al cumplimiento de las leyes dominicanas en materia de salud, seguridad y regulación comercial.
Durante el evento “Industrial: Transformación del Registro Mercantil para la Seguridad Jurídica de la Industria”, el director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, y el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache, explicaron que las medidas tomadas buscan proteger tanto a los consumidores como al aparato productivo nacional.
“Cuando un restaurante es cerrado, es para garantizar la salud del pueblo dominicano. Si lo clausura el Ministerio de Vivienda, es porque existen no conformidades graves que afectan al consumidor y a los sectores productivos. Esto no es persecución, es ley”, afirmó Alcántara.
Las autoridades informaron que los cierres recientes responden a violaciones en temas sanitarios, condiciones laborales inseguras, y la falta de permisos reglamentarios. Las clausuras, en su mayoría temporales, solo serán levantadas cuando los propietarios corrijan las irregularidades detectadas.
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“Aquí no se está persiguiendo a un grupo étnico. Se está aplicando la ley a todo el que viole los reglamentos, ya sean asiáticos o nacionales”, señaló Brache. Recordó incidentes recientes como el derrumbe en una tienda textil en La Vega y el colapso de una fachada en Santiago, donde las construcciones se realizaban sin permisos adecuados.
Ambos líderes coincidieron en que el respeto al marco legal es esencial para proteger la integridad de los consumidores y garantizar un desarrollo económico sostenible.
“Todos los comerciantes deben operar bajo los mismos estándares. No podemos permitir que se vulneren los derechos de los trabajadores ni que se ponga en riesgo la vida de las personas”, concluyó Alcántara.
En las últimas semanas, varios comercios administrados por ciudadanos chinos han sido clausurados por presentar irregularidades en sanidad, permisos y seguridad laboral. Algunos sectores acusaron al gobierno de discriminación, lo que motivó esta contundente respuesta de las autoridades.
