Santo Domingo.-El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) solicitó este viernes al Ministerio de Administración Pública (MAP) retirar la circular que obligaría a los empleados públicos a suministrar constancias de que pagan el servicio de electricidad y agua potable, por entender que es “inconstitucional, ilegal e ilegítima”.
Trajano Vidal Potentini, presidente del CARD, dijo que esa resolución del MAP, que califica de improvisada, también afecta “la esfera de privacidad y la dignidad de la familia dominicana” porque además obligaría a que ofrezcan los nombres de las personas que pagan esos servicios, si no lo hacen ellos personalmente.
“La circular que emite el Ministerio de Administración Pública sobre la denominada recavación, informaciones, de datos de los empleados públicos alrededor de los pagos de agua y luz se trata de una resolución por demás ilegal, ilegítima e inconstitucional que afecta la esfera de privacidad de la familia dominicana y no solo eso, sino incluso la dignidad”, consideró.
Aseguró que la disposición además se va a un ámbito desproporcionado de la persona “cuando también le hace el pedimento, la exigencia mediante esa circular a los empleados de que, si no tienen facturas, tienen que llevar a nombre de quien están esas facturas en sus respectivos hogares. Una intromisión, que además toca la dignidad de los hogares dominicanos”.
El presidente del CARD sostuvo que la situación es más preocupante porque no se conoce el propósito, porque si fuera el simple interés de conocer la información, ”ellos solo tendrían que cruzar las nóminas con quienes cobran el agua y la luz, que todas son instituciones estatales”.
Mediante la circular 018031, de fecha 31 de octubre, el ministro de Administración Pública (MAP) dispone que los empleados públicos presenten ante sus instituciones la factura de pago de los servicios de electricidad y agua potable y le da para ello un plazo de 15 días.
La circular está dirigida a los ministros, al consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, al Contralor General de la República y a los directores generales, nacionales, así como ejecutivos de las instituciones púbicas.
También incluye la circular a los administradores nacionales y generales de órganos y entes del Poder Ejecutivo.
