BOGOTÁ. El gobierno colombiano y la mayor disidencia de las extintas FARC culminaron un tercer ciclo de diálogos ratificando la extensión de un cese al fuego bilateral por seis meses, la suspensión de los secuestros y perfilando una agenda en la que avanzarán en los próximos encuentros que incluye discutir sobre las economías ilícitas.
“Queremos acelerar el ritmo, de modo que en el próximo ciclo podamos decirle al país que estamos en un nuevo capítulo en el camino para la construcción de una ruta de paz”, indicó el jefe de la delegación gubernamental, Camilo González Posso, en un video difundido a la prensa.
La mesa de negociación con el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) se instaló en octubre del año pasado como parte de la política de “paz total” con la que el gobierno de Gustavo Petro —primer izquierdista en el poder— busca acercamientos simultáneos con grupos armados y bandas criminales para disminuir la violencia.
La extensión del cese al fuego bilateral generó la mayor expectativa en el tercer ciclo de diálogo que inició el 11 de enero en Bogotá, debido a que un cese de hostilidades previo culminaba el 15 de enero y la mesa se ha propuesto negociar evitando la confrontación armada.
González Posso señaló que en el ciclo de conversaciones recibieron un informe del mecanismo de verificación del cese al fuego, que se mantuvo desde octubre del año pasado, y que incluye infracciones —sin detallar cuántas y cuáles fueron— e indicó que el mismo sirvió de base para buscar prevenir nuevos hechos con la instalación de 22 mecanismos locales que hagan seguimiento, especialmente para “proteger a la población” civil.
La disidencia también ratificó que continúan suspendidos los secuestros extorsivos —un compromiso adquirido en diciembre pasado— y agregó que acatarán las normas del Derecho Internacional Humanitario sobre la vinculación a sus estructuras armadas, sin detallar si eso significa que dejarán de reclutar menores de edad.
Se trata de agrupaciones disidentes pequeñas que se formaron y luego se unieron bajo el rótulo del EMC aglutinando a quienes no firmaron en 2016 el histórico acuerdo de paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la que fuera la guerrilla más antigua de Latinoamérica.
Las partes informaron que avanzarán en la construcción de una agenda que guíe en adelante el proceso de negociación y que incluye abordar temas como las víctimas del conflicto armado, las economías ilícitas, garantías para las partes durante y después de un eventual acuerdo de paz, tierras, seguridad y medioambiente.
Sobre el medioambiente resaltan que darán especial atención a los problemas de la Amazonía y áreas protegidas del país, dado que las disidencias operan en zonas selváticas que están siendo deforestadas o afectadas por cultivos de coca, pese a ser de especial protección en el país.
