Santo Domingo.– Representantes del sector comercial chino solicitaron al Gobierno la reapertura de negocios clausurados por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), al asegurar que se encuentran en proceso de cumplir con las normativas vigentes exigidas por las autoridades.
Jessica Peng, representante del sector, afirmó que el principal interés de los comerciantes es retomar sus operaciones, luego de que los cierres, que se extienden por más de cuatro meses, hayan provocado importantes pérdidas económicas.
Peng señaló que existe disposición de trabajar con el acompañamiento de las autoridades para que los establecimientos que aún se encuentran en proceso de adecuación puedan subsanar cualquier brecha técnica y cumplir de manera satisfactoria con los requisitos establecidos.
Por su parte, el abogado Ramón Peralta, representante legal de los comerciantes, denunció la existencia de una campaña de descrédito contra el sector, rechazando señalamientos sobre contratación de mano de obra ilegal y la negativa a aceptar pagos mediante transferencias bancarias.
En relación con las observaciones sobre las condiciones estructurales de algunos locales, Peralta explicó que la mayoría fueron adquiridos ya construidos y aseguró que, en casos similares, negocios que no pertenecían a ciudadanos chinos no fueron clausurados en su momento.
Desde septiembre de 2025, el MIVED ha cerrado alrededor de 15 empresas de propietarios chinos, incluyendo plazas y tiendas ubicadas en el Gran Santo Domingo y la región del Cibao, alegando riesgos de seguridad, falta de licencias de construcción y fallas estructurales graves. De ese grupo, dos empresas han reabierto tras completar los procesos normativos requeridos.
En tanto, la Dirección General de Aduanas (DGA) informó que durante el último año se recaudaron más de RD$15,215 millones en impuestos y multas vinculados a prácticas de competencia desleal detectadas en operativos realizados al sector comercial chino.
La DGA indicó que entre las principales irregularidades identificadas figuran el comercio ilícito, la subvaluación y deficiencias en los procesos de importación. Desde 2023, la entidad ha detectado más de 16,000 contenedores con alto riesgo de subvaluación, los cuales fueron revalorados bajo el criterio de “duda razonable”, generando impuestos adicionales para el Estado.
