Comisión Permanente de Movilidad y Transporte busca frenar caos del motoconcho

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SANTO DOMINGO.– El presidente de la Comisión Permanente de Movilidad y Transporte Terrestre, Bray Vargas, sostuvo una reunión con representantes del sector motoconcho, autoridades municipales y miembros de la sociedad civil para escuchar sus inquietudes y buscar soluciones a los problemas que afectan el transporte en motocicletas.

Durante el encuentro, Vargas explicó que se trata de una nueva oportunidad para dialogar con los diferentes sectores involucrados y recoger propuestas que permitan responder a las necesidades existentes.

Indicó que la comisión ha escuchado a sindicatos, asociaciones de motoconchistas, representantes de la sociedad civil, ciudadanos y regidores, con el objetivo de fortalecer la aplicación de las normativas vigentes y ejercer una adecuada labor de fiscalización.

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Asimismo, señaló que el diputado Tobías Crespo, impulsor de la legislación sobre movilidad y transporte terrestre, mantiene un diálogo permanente con los distintos sectores, mientras la comisión continúa trabajando para garantizar el cumplimiento de las leyes relacionadas con el tránsito y el transporte.

Crespó afirmó que actualmente existe preocupación por el crecimiento del parque vehicular de motocicletas y la proliferación de paradas ilegales de motoconchos, situaciones que, a su juicio, requieren atención y soluciones coordinadas entre las autoridades competentes.

Manifestó que una de las principales inquietudes es la falta de aplicación de las disposiciones legales que establecen la coordinación entre los ayuntamientos y las autoridades de tránsito.

Explicó que la Ley 176-07, en su artículo 19, y la Ley 63-17, en sus artículos 75 y 76, contemplan la participación de los gobiernos locales en la organización y registro del transporte dentro de sus territorios, algo que, según dijo, no se ha ejecutado de manera efectiva.

También expresó preocupación por los subsidios de aproximadamente RD$2,650 otorgados a motoconchistas registrados a través del Intrant, al cuestionar si las autoridades municipales tienen conocimiento de la distribución y destino de esos recursos.

A su juicio, la situación actual del transporte en motocicletas refleja un problema de alcance nacional que requiere una mayor coordinación entre las instituciones responsables y la aplicación efectiva de las leyes vigentes.

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