El Gobierno de Costa Rica firmó este lunes un acuerdo de cooperación migratoria con Estados Unidos que permite a las autoridades estadounidenses proponer el traslado de personas extranjeras no ciudadanas estadounidenses hacia territorio costarricense, según un comunicado de Casa Presidencial. El documento, de carácter no vinculante, establece que Costa Rica podrá aceptar o rechazar individualmente cada caso.
Según el Gobierno costarricense, hasta 25 personas podrían ser trasladadas semanalmente bajo este protocolo, aunque la cifra se ajustará conforme a las capacidades y a la evaluación de las autoridades. El convenio fue suscrito por el presidente Rodrigo Chaves durante la visita oficial de Kristi Noem, enviada especial del Escudo de las Américas. En el mismo acto participó la presidenta electa Laura Fernández, según imágenes oficiales.
El acuerdo incluye la posibilidad de rechazar nacionalidades específicas y, una vez en territorio nacional, quienes sean trasladados desde Estados Unidos recibirán una condición legal temporal bajo la normativa migratoria costarricense. El Gobierno asegura que el proceso respetará los derechos humanos y contempla medidas de protección para quienes enfrenten riesgos en sus países de origen, conforme a lo señalado en el memorando firmado.
Estados Unidos asumirá la financiación necesaria para la gestión, mientras que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) prestará apoyo logístico, cubriendo alojamiento y alimentación de los migrantes, de modo que no generará un gasto directo para Costa Rica. “Estamos muy orgullosos de contar con socios como Costa Rica, que trabajan con nosotros para garantizar que las personas que están en nuestro país ilegalmente tengan la oportunidad de regresar a sus países de origen”, afirmó Noem, enviada de Estados Unidos.
El Gobierno informó que la reunión entre Chaves y Noem fue privada y sin acceso a medios. “”Estamos muy orgullosos de contar con socios como el Presidente y Costa Rica, que están colaborando con nosotros para asegurar que las personas que se encuentran en nuestro país de manera ilegal tengan la oportunidad de regresar a sus países de origen”, dijo Noem en el video oficial de la Presidencia de Costa Rica.
“Costa Rica será un socio fundamental y un líder que garantizará que nuestros países vecinos aborden juntos nuestros desafíos, enfrenten juntos las amenazas a la seguridad, y que también colaboremos en prosperidad económica y seguridad”, añadió la funcionaria estadounidense.
El Salvador también ha cumplido esta dinámica
El 16 de marzo de 2025, un total de 238 supuestos integrantes del grupo delictivo Tren de Aragua fueron transferidos a El Salvador desde Estados Unidos, en cumplimiento de un acuerdo bilateral que previó su reclusión en el CECOT, Centro de Reclusión para Terroristas, durante un año renovable, según informó en su momento el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
El mandatario explicó en la red social X que la tarifa pagada por Estados Unidos sería “muy baja para ellos, pero alta para nosotros”. Bukele destacó en esa oportunidad que, al combinar esta estrategia con la labor de más de 40,000 reclusos que trabajan en talleres del programa Ocio Cero, el sistema penitenciario podría alcanzar la autosostenibilidad, ya que actualmente su operación representa un gasto anual de $200 millones.
De acuerdo con la administración salvadoreña, el gobierno estadounidense incluyó recientemente al Tren de Aragua en su lista de organizaciones terroristas. Además de los venezolanos, Estados Unidos remitió a 23 miembros de la MS-13 requeridos por la justicia salvadoreña, entre ellos dos cabecillas; uno pertenece al liderazgo superior de la pandilla, aunque no fue identificado por las autoridades.
Los 238 miembros del Tren de Aragua permanecieron inicialmente bajo custodia en el CECOT, un penal de máxima seguridad, tras su llegada oficial a El Salvador y posteriormente fueron enviados a Venezuela.
