Santo Domingo.- La impugnación del nuevo Código Penal ante el Tribunal Constitucional ha reavivado el debate sobre el cúmulo de penas en el país, generando posiciones encontradas entre abogados y legisladores.
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), seccional de San Pedro de Macorís, interpuso una acción directa de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 74-25, al considerar que vulneran derechos fundamentales. La principal objeción se centra en la posibilidad de imponer condenas acumuladas de hasta 60 años de prisión.
El abogado Andrés Contreras, representante de la parte accionante, sostuvo que esta figura equivale en la práctica a una “pena de muerte encubierta”, lo que —a su juicio— contradice principios establecidos en la Constitución dominicana.
En respuesta, senadores defendieron la legalidad del cúmulo de penas, argumentando que se trata de un mecanismo presente en múltiples legislaciones internacionales y que no puede compararse con la pena capital. Asimismo, expresaron confianza en que el recurso será rechazado por el Tribunal Constitucional.
Los legisladores destacaron además que el Código Penal fue el resultado de más de 20 años de discusión en el Congreso Nacional, con la participación de diversos actores del sistema de justicia, lo que —según afirmaron— fortalece su legitimidad.
Pese a las diferencias de criterio, los congresistas reconocieron el derecho del gremio de abogados a recurrir ante el Tribunal Constitucional, al tratarse de un mecanismo legal válido para cuestionar la constitucionalidad de una normativa.
