SANTO DOMINGO.- La presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM), Laura Peña Izquierdo, afirmó que la reforma al Código de Trabajo continúa siendo un proceso complejo que lleva más de 13 años en discusión, sin que aún se haya logrado un consenso definitivo sobre temas clave como la cesantía y los costos laborales.
Peña Izquierdo explicó que el proceso de revisión del Código Laboral se inició en 2013, cuando el entonces presidente Danilo Medina dispuso la conformación de una comisión tripartita con el objetivo de modernizar la legislación laboral. Señaló que la intención original era adecuar la normativa a las nuevas condiciones económicas del país y mejorar la competitividad frente a otras economías de la región.
La dirigente empresarial recordó durante una entrevista realizada en el programa “El Despertador” que desde entonces se han desarrollado múltiples espacios de discusión, incluyendo mesas técnicas, encuentros en instituciones académicas y el Consejo Consultivo del Trabajo del Ministerio de Trabajo. Al tiempo que indicó que en esos escenarios se lograron avances importantes en aspectos procedimentales y en temas como jornada laboral, pero no así en los puntos considerados más sensibles.
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Peña sostuvo que en 2023 se alcanzaron acuerdos parciales sobre varios artículos, pero quedaron pendientes los relacionados con la cesantía y la carga de los costos laborales. En ese sentido, afirmó que el sector empresarial ha insistido en la necesidad de un espacio adicional de diálogo para evaluar el impacto de esas disposiciones en la generación de empleo formal.
La presidenta de COPARDOM aseguró que estudios realizados junto a organismos internacionales han identificado los costos laborales y los anticipos fiscales como los principales obstáculos para la formalización de las empresas. Agregó que esta situación afecta especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan una parte importante del tejido productivo nacional.
Asimismo, indicó que la informalidad laboral en la República Dominicana ronda el 54 %, lo que limita el acceso de muchos trabajadores a la seguridad social y a empleos de calidad. Comparó esta realidad con países como Costa Rica, Chile y Uruguay, donde —según dijo— se han implementado reformas laborales que han permitido mayor formalización y competitividad.
Peña también cuestionó algunas modificaciones introducidas en la Cámara de Diputados al proyecto previamente consensuado en el Senado, al considerar que ciertos cambios no fueron consultados con los sectores involucrados. Señaló que ajustes en plazos procesales y disposiciones sobre el desahucio podrían generar efectos negativos en la aplicación de la ley.
Finalmente, la dirigente empresarial reiteró su llamado a retomar un diálogo tripartito que incluya al sector empresarial, sindical y al gobierno, con el objetivo de revisar los puntos no consensuados. Afirmó que la meta debe ser aprobar una reforma laboral equilibrada que fomente la creación de empleo formal, fortalezca la competitividad del país y garantice la sostenibilidad del mercado laboral dominicano.
