La jefa interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, enfrenta tres exigencias urgentes por parte del Gobierno de Estados Unidos como condiciones para evitar represalias similares a las sufridas por el expresidente Nicolás Maduro, en un momento marcado por presiones diplomáticas y geopolíticas sobre Caracas.
Según fuentes estadounidenses citadas por Politico, la Casa Blanca ha puesto sobre la mesa demandas específicas que abarcan tanto seguridad como política energética y cooperación internacional, en el marco de una agenda que busca avanzar hacia la normalización de las relaciones bilaterales.
Entre las exigencias inmediatas se encuentran:
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Reforzar la lucha contra el narcotráfico — Washington pide a Rodríguez intensificar acciones concretas para combatir el tráfico de drogas, uno de los principales reclamos que históricamente han tensionado las relaciones entre ambos países.
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Expulsar a agentes extranjeros no autorizados — Estados Unidos exige la salida de agentes de países considerados adversarios como Irán y Cuba, en un intento por reducir la influencia geopolítica de terceros Estados en territorio venezolano.
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Frenar la venta de petróleo a rivales de Washington — La administración estadounidense ha solicitado limitar o detener los envíos de crudo venezolano a países que representan competencia estratégica o política, una medida central para reconfigurar los alineamientos energéticos de Venezuela.
Aunque Estados Unidos no ha detallado públicamente los plazos para el cumplimiento de estas demandas, fuentes de la administración de Donald Trump advirtieron sobre la posibilidad de una “segunda ola” de medidas coercitivas si las condiciones no son atendidas, incluyendo nuevas acciones militares, alivio de sanciones o control de activos financieros vinculados a Rodríguez y a su entorno.
La Casa Blanca también evalúa reabrir la embajada estadounidense en Caracas, aunque por ahora la gestión tras la detención de Maduro se contempla principalmente desde el exterior.
Fuentes cercanas al Gobierno estadounidense señalaron además que se maneja información sobre recursos financieros relacionados con Rodríguez en países como Turquía y Catar, lo que podría convertirse en un factor de presión adicional en las negociaciones.
Rodríguez, quien fue designada como presidenta encargada por el Tribunal Supremo de Justicia tras la captura de Maduro, ha declarado públicamente su disposición a trabajar con Washington “en una agenda de cooperación”. Sin embargo, el margen de maniobra de la líder interina es considerado estrecho, dado que debe conciliar esas demandas con su propio entorno político, tradicionalmente adverso a Estados Unidos.
Analistas señalan que la cooperación con Washington implicaría un giro significativo en la política exterior y de seguridad de Venezuela, un país que durante décadas ha visto a Estados Unidos como su principal rival geopolítico.
Entre otras exigencias diplomáticas se menciona la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, aunque no se ha planteado públicamente una demanda general de excarcelación de presos políticos.
El contexto político interno se mantiene complejo: junto a Rodríguez permanecen figuras clave del antiguo régimen, como el ministro del Interior Diosdado Cabello y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, configurando una estructura de poder con intereses y lealtades diversas, lo que podría dificultar la implementación de las medidas exigidas desde Washington.
